
Juan Pablo Rocca Selgas
Edil Partido Socialista –
Frente Amplio
Comienza el primer receso de este período y nos deja varios episodios que miro con retrospectiva y que me fueron forjando en el rol de legislador y de contralor del Gobierno Departamental.
El primer gran suceso fue el cese, de forma arbitraria por parte del Gobierno Departamental y por estrictos motivos políticos, de 291 funcionarios. Un hecho político que, a mi entender, se dio de las formas más deshumanizantes, por todo el proceso que vivieron los implicados y cuyas secuelas aún persisten en muchas de estas familias. Aunque haya mermado en la opinión pública, es un reclamo justo que no debe claudicar.
Luego, de forma desafiante y sin lugar a la autocrítica por parte del Gobierno Departamental, a raíz de la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública que expone un caso de nepotismo en el mismo, esto devino en un llamado a sala en el cual se mostró la faceta de la bajeza política, donde se justificó dicho accionar desde diferentes miradas sin asumir responsabilidades. A mi entender, se perdió una oportunidad inmejorable de dar un mensaje ejemplarizante a la población.
En medio de la discusión por el endeudamiento a 20 años de la Intendencia de Salto, surge el escándalo público que terminó con la renuncia de la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto. Esto dejó en evidencia una veta que va contra nuestros principios sobre la visión de la política como herramienta para la transformación de la realidad desde una perspectiva humanista. Estos episodios van contra la promoción de la credibilidad en la responsabilidad pública.
El hecho político que se llevó los focos fue la autorización de endeudamiento a 20 años para la Intendencia de Salto. Una resolución que atenta contra una planificación ordenada, integral y austera que requiere la hacienda de la Intendencia, y que tiene como origen la crisis suscitada en la administración 2010-2015. Esta autorización se realizó de espaldas a nuestra fuerza política, sin grandes acuerdos departamentales para su aplicación y contralor, con una discusión insípida que duró menos de una hora en la Junta Departamental, en una sesión que quedará para la historia no solo por el clima en que se dio, sino por la magra dedicación del gobierno departamental en argumentar una definición de tamaña responsabilidad.
Y para cerrar el año se votó la creación de una nueva unidad barrial en nuestra ciudad, en la cual el Frente Amplio propuso ajustes para garantizar la construcción de infraestructura —ya sea vial, viviendas, espacios públicos, entre otros— en condiciones dignas, promoviendo una visión integral sobre el ordenamiento territorial. Estos aportes no fueron tomados en cuenta y nuevamente se avanzó sin escuchar a la oposición.
Claramente existen desafíos para los próximos años, en particular para 2026, cuando comienza la discusión del Presupuesto quinquenal, sobre todo si tenemos como norte la construcción de grandes consensos que den respuesta a la población ante las necesidades urgentes.
Desde esta banca no daremos el brazo a torcer, no solo en el contralor, sino también en la búsqueda de soluciones responsables para nuestro departamento.






