Edición Año II N° 77, jueves 25 de setiembre de 2025
LLEGARON. “Dispóngase el cese inmediato, a partir del día 24 de setiembre de 2025, de los funcionarios que se identifican en planilla adjunta y que forma parte de esta Resolución, revocándose respecto de ellos toda otra que haya estado o estuviere vigente y disponiéndose la rescisión de todo contrato que haya estado o estuviere vigente relativo a su vinculación funcional con la Intendencia de Salto” (Numeral 2° de la Resolución firmada por el Intendente Albisu y su Secretario Texeira Núñez con fecha de ayer).
Parafraseando a García Márquez, esta fue la culminación de uno de los capítulos más anticipados de lo que podría llegar a ser una extensa novela llamada “Crónica de un cese anunciado”. Ya se sabía, lo habían adelantado a todo el que quiso oír, pero sin embargo, parece que algunos mantenían la esperanza de zafar. Pero el cese fue a granel, para todos en su justo término debido a que según el gobierno, la herramienta usada para lograr la “estabilidad laboral” tan buscada por el sindicato, era ilegal o estaría viciada de nulidad por la forma en la que se hizo perfecto el acto administrativo. En una palabra, el gobierno atacó desde el primer día al convenio colectivo que da formato de contrato permanente a la relación laboral entre los trabajadores aludidos y la Intendencia de Salto.
Inmediatamente las redes sociales tomaron partido por un lado y por el otro. “Es doloroso tener que tomar esta decisión”, dijo el Intendente. Claro que es doloroso, como lo fue en 2015 y lo es ahora también, cuando se trata del pan de una familia. Ni estuvo bien antes, ni lo está ahora, nada cambia, salvo los protagonistas. El discurso vuelve a repetirse, se trata de “punteros políticos”. Los ingresos a la Intendencia de Salto, salvo pocas excepciones de algunos llamados a concurso en algunas áreas específicas que lo requería, han sido hechos por designación directa y por política, siempre. Y en esta, “el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.
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PARLAMENTO. Una vez más, el parlamento nacional, es decir, básicamente los montevideanos, están haciendo una ley que controle la forma de ingreso a la función pública municipal, violando de esta manera la autonomía constitucional que poseen los gobiernos departamentales, porque es aquí dónde está el maldito origen de lo que pasó ayer y de lo que pasó hace 10 años.
Veamos, una ley nacional que se inmiscuye en materia de los gobiernos departamentales, sobre todo en materia del Estatuto del Funcionario Municipal, es inconstitucional, por ir en contra de lo establecido en el artículo 62. Pero como cada gobierno departamental ya cumplió con legislar sobre el Estatuto del Funcionario Municipal (en el caso de Salto dicho Decreto data del año 1955), de lo que ahora se habla es como la canción de Sabina y Fito, “llover sobre mojado”, pero para que tenga cierta legitimidad pues de legalidad no se puede hablar, inmiscuyen al Congreso de Intendentes donde se estaría pactando un porcentaje que autorizaría las designaciones directas (algo no previsto en la legislación actual), lo que sería realmente novedoso por ir en contra de lo que establecen todos los estatutos de funcionarios públicos del Estado uruguayo, incluidos los gobiernos departamentales. En una palabra, muestran la pata de la sota tratando de legalizar de manera inconstitucional justamente aquello que ha corrompido el sistema de ingresos a la función municipal.
La solución al grave problema que ayer debió enfrentar el Intendente Albisu se hubiese resuelto si cada Intendente que ha tenido Salto antes hubiesen cumplido con lo que ya establece la ley departamental, en lugar de violarla sistemáticamente.
Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!