La mesa Coordinadora del Pan y Afines esta impuslando un anteproyecto de Ley destinado a brindaar respaldo economico a quienes sean victimas de acoso moral o sexual en el ambito de trabajo.
Mesa Coordinadora del Pan y Afines impulsa un proyecto para proteger a víctimas de acoso laboral
La organización sindical, que en los últimos meses ha desarrollado diversas actividades en Salto y otros departamentos del país, presentó un anteproyecto de ley que propone crear un subsidio cautelar para trabajadores que deban abandonar temporalmente su empleo mientras se investigan denuncias por acoso moral o sexual.
La Mesa Coordinadora del Pan y Afines continúa promoviendo iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos de los trabajadores. En esta oportunidad, la organización elaboró un anteproyecto de ley que propone la creación de un «Subsidio Cautelar» o «Provisional por Desempleo», destinado a brindar respaldo económico a quienes sean víctimas de acoso moral o sexual en el ámbito laboral y deban apartarse de su puesto de trabajo mientras se desarrollan las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes.
La información fue acercada a diario EL PUEBLO por la propia Mesa Coordinadora, organización que en los últimos meses ha mantenido una activa presencia en distintos departamentos del país, entre ellos Salto. En reiteradas oportunidades, dirigentes de la Mesa visitaron nuestro departamento para participar en reuniones con trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales, además de brindar entrevistas a este medio sobre la realidad de la industria panificadora, la situación laboral del sector y la necesidad de impulsar cambios que fortalezcan la protección de los trabajadores.
En esas instancias también plantearon la importancia de avanzar en propuestas legislativas que respondan a nuevas problemáticas presentes en los lugares de trabajo. El anteproyecto ahora presentado constituye uno de esos planteos y busca ofrecer una respuesta concreta frente a los casos de violencia y acoso laboral.
Garantizar ingresos mientras se investiga
De acuerdo con la información remitida a nuestro medio, la iniciativa procura evitar que la persona afectada deba elegir entre preservar su salud o conservar sus ingresos.
La propuesta establece que, cuando exista una denuncia por acoso moral o sexual, el Estado pueda otorgar un subsidio provisional mientras se sustancia el proceso correspondiente, permitiendo que la víctima no quede desprotegida económicamente durante ese período.
El texto toma como referencia legislación española y parte del criterio de que el Estado debe asegurar primero la protección de la persona trabajadora, determinando posteriormente las responsabilidades que correspondan una vez culminadas las investigaciones.
Evitar el «chantaje económico»
Uno de los fundamentos centrales del proyecto apunta a eliminar lo que la Mesa Coordinadora define como un «chantaje económico», situación que muchas veces impide denunciar hechos de acoso por miedo a perder el empleo o quedarse sin ingresos.
Desde la organización sostienen que, en la mayoría de los casos, quienes padecen estas situaciones son mujeres trabajadoras que terminan soportando una fuerte presión psicológica, emocional e incluso física, viéndose obligadas a abandonar su lugar de trabajo sin contar con una protección económica inmediata.
Precisamente, el subsidio cautelar pretende impedir que el perjuicio económico recaiga sobre la víctima mientras la Justicia y los organismos competentes determinan las responsabilidades del caso.
Participación de la Inspección General del Trabajo
El anteproyecto también prevé un procedimiento administrativo con plazos definidos.
Entre sus principales disposiciones establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contará con un plazo máximo de sesenta días para culminar las actuaciones correspondientes.
Asimismo, será la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) la encargada de emitir un informe sobre la existencia de indicios razonables de acoso. Ese documento serviría para que la persona afectada pueda gestionar el subsidio ante el Banco de Previsión Social sin depender de la autorización o firma del empleador denunciado.
Alcance para todas las ramas de actividad
La Mesa Coordinadora del Pan y Afines informó además que mantiene reuniones con distintos actores sociales y legisladores con el objetivo de que el mecanismo pueda extenderse a todas las ramas de actividad y no únicamente al sector panificador.
Según entienden sus impulsores, se trata de una herramienta que merece tratamiento parlamentario por cuanto procura proteger a trabajadores que hoy, además del daño provocado por situaciones de acoso, muchas veces enfrentan la pérdida de sus ingresos mientras esperan una resolución administrativa o judicial.
Durante las distintas visitas realizadas a Salto, los representantes de la organización ya habían manifestado a EL PUEBLO que la defensa de los derechos laborales requiere incorporar nuevas herramientas frente a problemáticas que durante años permanecieron invisibilizadas. Este anteproyecto se inscribe precisamente dentro de esa línea de trabajo, procurando brindar una respuesta concreta a una realidad que afecta a numerosos trabajadores y, especialmente, a mujeres que denuncian situaciones de violencia en el ámbito laboral.
La organización expresó finalmente que continuará promoviendo el intercambio con sindicatos, autoridades y legisladores para que la iniciativa pueda transformarse en un proyecto de ley y avanzar en el Parlamento, entendiendo que la protección económica durante el proceso de investigación constituye un elemento esencial para garantizar que las víctimas puedan ejercer plenamente su derecho a denunciar sin temor a quedar desamparadas.
