Cada vez que aparece una amenaza de tiroteo, la reacción inmediata oscila entre el miedo y la incredulidad. ¿Es real? ¿Es una broma de mal gusto? ¿Hay que suspender todo? En esa tensión se juega algo más profundo que un hecho aislado: se pone en evidencia una forma de violencia que avanza, que muta, y que encuentra en la palabra —en un mensaje, en una publicación— una herramienta capaz de alterar la vida colectiva.
El primer error es minimizar. El segundo, sobreactuar. Entre ambos extremos, lo que se necesita es criterio. La normalidad no puede ser rehén del rumor, pero tampoco puede construirse sobre la negación del riesgo. Las instituciones —educativas, policiales, judiciales— tienen la obligación de actuar con profesionalismo: evaluar la credibilidad de la amenaza, coordinar respuestas y comunicar con responsabilidad. Ni el pánico ni la improvisación son caminos aceptables.
Desde el punto de vista jurídico, no estamos ante conductas inocuas. El ordenamiento uruguayo es claro: las amenazas, aun cuando no se concreten, tienen relevancia penal. El Código Penal sanciona a quien infunde temor de un mal grave, y más aún cuando ese temor afecta el normal funcionamiento de espacios públicos o educativos. Si a esto se suma el uso de redes sociales, entran en juego además figuras vinculadas a la instigación y al ámbito del cibercrimen. No es un juego. Es un acto con consecuencias.
Pero reducir el problema a la sanción sería llegar tarde. Estas situaciones no nacen en el vacío. Se incuban en contextos donde la violencia se vuelve lenguaje, donde la exposición constante a contenidos agresivos diluye los límites, y donde muchas veces falla el primer espacio de contención: la familia.
Conviene decirlo sin rodeos: no es una cuestión de “los jóvenes”. Es una cuestión de adultos ausentes, de referencias débiles, de diálogos que no se dan. La familia no puede delegar completamente en la escuela o en el Estado la formación en valores y en responsabilidad. Supervisar, acompañar, escuchar —especialmente en el mundo digital— no es invadir: es ejercer el rol.
Las señales suelen estar. Cambios bruscos de conducta, aislamiento, fascinación por la violencia, discursos extremos. Ignorarlas o justificarlas es parte del problema. Atenderlas a tiempo puede ser parte de la solución.
También hay una responsabilidad colectiva. La viralización de amenazas, muchas veces amplificada sin verificación, contribuye a generar un efecto contagio. La notoriedad fácil —aunque sea a través del miedo— se vuelve un incentivo. Por eso, la forma en que comunicamos importa tanto como lo que comunicamos.
No se trata de vivir en estado de sospecha permanente, pero tampoco de sostener una ingenuidad peligrosa. Se trata de construir una convivencia donde la amenaza no sea tolerada como parte del paisaje.
Garantizar el normal desarrollo de la vida social —de una clase, de una jornada laboral, de una comunidad— implica algo más que reaccionar ante cada episodio. Implica trabajar en prevención, en educación, en presencia institucional y, sobre todo, en responsabilidad compartida.
Porque cuando la violencia empieza a naturalizarse en la palabra, el silencio de los adultos deja de ser neutral. Pasa a ser parte del problema. GECS
