Dr. Enzo Molina Franchini
Presidente
Junta Departamental de Salto
El comienzo de 2026 vuelve a confirmar una lógica que el interior del país conoce demasiado bien: cuando hay que ajustar, el peso recae siempre sobre los mismos. No se trata de consignas ni de interpretaciones forzadas, sino de decisiones concretas de gobierno que impactan de lleno en el costo de vida, especialmente para quienes viven y trabajan lejos de la capital.
En materia de tarifas públicas, los números hablan por sí solos. UTE dispuso un ajuste promedio del 4%, con variaciones según el tipo de consumo. OSE aplicará un aumento del 8,5% a partir del 1.º de enero, mientras que ANTEL incrementará sus tarifas en un promedio del 3,5%. Servicios esenciales, imposibles de eludir, que se encarecen de forma simultánea y trasladan el ajuste directamente al bolsillo de las familias.
A este escenario se suma una decisión que golpea de lleno al interior productivo y al transporte: la reducción del descuento del IMESI a las naftas. En los hechos, el combustible pasa a costar más. Y en el interior, donde las distancias son largas y las alternativas escasas, cada peso adicional en el surtidor se multiplica en toda la cadena de costos, afectando precios, competitividad y empleo.
El ajuste no se detuvo allí. Desde el 1.º de enero de 2026, el Poder Ejecutivo modificó la forma de calcular el tope anual de aporte individual (CPE), incrementando de manera significativa lo que los trabajadores aportan al sistema. El costo por usuario pasó de $4.828 mensuales a $6.693, lo que equivale a $80.316 anuales, y el tope de aporte individual se elevó desde $57.936 a cifras que alcanzan entre $80.316 y $100.395. El resultado es concreto y medible: entre 60.000 y 155.000 trabajadores que antes recibían devoluciones hoy perciben menos o directamente ninguna, soportando una mayor carga efectiva sobre sus ingresos.
Estas decisiones contrastan de forma evidente con lo que el entonces candidato Yamandú Orsi afirmaba durante la campaña rumbo al balotaje, cuando aseguró que no habría aumentos y sostuvo con énfasis que “el presidente voy a ser yo”. Hoy, a la luz de los hechos, las tarifas suben, el combustible se encarece y los aportes aumentan. La distancia entre aquellas afirmaciones y la realidad actual no requiere mayor interpretación: los números alcanzan para entenderla.
El ajuste también llegó a la educación. El recorte de cuatro mil horas docentes, el no a la instalación de la UTEC y la ausencia total de presupuesto para la Universidad de la República en el interior consolidan un modelo profundamente centralista, donde las oportunidades educativas siguen concentradas en Montevideo y el interior vuelve a quedar relegado.
El norte del país paga y sufre las consecuencias de este esquema. Aquí las tarifas pesan más, el combustible cuesta más y las oportunidades son menos. Y resulta particularmente llamativo cuando quien conduce el país proviene del interior y conoce de primera mano esta realidad.
Porque cuando los discursos de campaña se diluyen frente a las decisiones de gobierno, y el ajuste vuelve a caer sobre quienes viven lejos de la capital, el mensaje es claro: algunos prometen, otros pagan, y el país profundo vuelve a esperar.
