AGENDA LEGAL: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO
En las últimas semanas, la Justicia uruguaya protagonizó un hecho que volvió a poner sobre el tapete un tema complejo y delicado: las denuncias falsas en materia de violencia basada en género. La condena a una mujer por denunciar falsamente a su exnovio por violación y violencia de género no solo generó repercusión mediática, sino que también abrió un espacio necesario para reflexionar acerca de los efectos dañinos que tienen estas acusaciones infundadas.
Este caso revela el impacto que las denuncias sin sustento poseen, en primer lugar, sobre la confianza en el sistema judicial y policial, y en segundo lugar, en la credibilidad de quienes realmente sufren violencia. Porque, aunque estadísticamente estas denuncias sean minoritarias, como lo ha confirmado un reciente estudio académico en nuestro país, el daño que generan suele ser desproporcionado.
La tensión aparece cuando buscamos equilibrar dos derechos fundamentales: por un lado, el derecho de las víctimas a ser protegidas con rapidez y eficacia; por otro, la presunción de inocencia que debe regir a todo denunciado hasta que se demuestre su culpabilidad. Encontrar ese punto justo es sin dudas uno de los desafíos más importantes que tiene hoy nuestra justicia y nuestra sociedad.
Además, casos mediáticos donde se ha comprobado la falsedad de denuncias contribuyen a alimentar un clima de desconfianza que puede desalentar a verdaderas víctimas a acudir a la Justicia, por miedo a no ser creídas o ser tomadas con recelo. Es por eso que debemos construir un sistema que combine protocolos efectivos, capacitación profesional y sanciones firmes para quien abuse del mecanismo judicial y deteriore la esencia misma de la protección.
Al final del día, nos enfrentamos a la necesidad de sostener un equilibrio donde se garantice tanto la seguridad y amparo de quienes denuncian violencia, como la protección de los derechos de quienes enfrentan acusaciones, para que el sistema funcione con justicia, veracidad y respeto.
Este debate no es solo jurídico, sino profundamente social y cultural. Se trata de fortalecer una cultura en la cual la denuncia responsable y la verdad sean pilares, y no instrumentos de manipulación o daño. Solo así lograremos avanzar en la lucha contra la violencia basada en género sin abrir grietas que debiliten la herramienta legal diseñada para proteger a los más vulnerables.
En definitiva, enfrentar este desafío requiere del compromiso conjunto de la justicia, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Solo con un esfuerzo coordinado podremos asegurar que el sistema judicial sea una herramienta confiable y justa, que proteja a quienes sufren violencia sin dar lugar a abusos ni falsas acusaciones. Fomentar el diálogo, la educación y la responsabilidad es fundamental para construir un entorno donde la verdad y la justicia prevalezcan, y donde todas las personas puedan confiar en que serán escuchadas y tratadas con respeto.
Hasta la próxima semana.
