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sábado, noviembre 29, 2025
Columnas De Opinión
Dr. Pablo Sosa Pereira
Dr. Pablo Sosa Pereira
Pablo Sosa es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (2022). Especialista en Derecho Electoral, integra la Corte Electoral desde 2009 y actualmente es secretario de la Oficina Electoral de Salto y prosecretario de la Junta Electoral. En 2023 fundó el estudio jurídico Sosa-Pereira & Asociados, enfocándose en Derecho Público y Electoral. Tiene publicaciones académicas y se destaca por su experiencia institucional, práctica profesional y aporte al estudio del sistema electoral.

La reacción de ADEOMS ante el cese de contratos en la Intendencia de Salto expone una protesta con sesgo político y prácticas que desvirtúan la defensa de los trabajadores.

ADEOMS Salto: entre el patoterismo sindical y la venganza selectiva

AGENDA LEGAL: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO

La agregación de conductas disruptivas por parte de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOMS) del departamento de Salto, en respuesta al legítimo actuar administrativo del intendente Carlos Albisu, configura un escenario donde el vínculo intersubjetivo, fundado en el respeto a las normas y a la coacción jurídica legítima, ha sido violentado mediante prácticas de coacción sindical patoteril. La decisión del Ejecutivo departamental de cesar 291 contratos y remover cargos políticos sin concurso, si bien cuestionada, se encuentra sometida a un análisis técnico-jurídico que debe priorizar la legalidad por sobre reclamos político-partidarios.

A esta indignidad se suma la lamentable modalidad de protesta que incluye el daño intencional a vehículos oficiales de la Intendencia, propiedad de todos los salteños y, por ende, un atropello directo al patrimonio público y colectivo. Este tipo de actos vandálicos no solo desacreditan la causa sindical sino que traicionan la confianza ciudadana.

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Este comportamiento, con fuerte componente discursivo y simbólico, se inscribe en una estrategia que carece de equidad y coherencia histórica, ya que la misma organización sindical guardó silencio y no impulsó medidas similares ni siquiera cercanas en intensidad cuando, hace una década, en la intendencia de Andrés Lima (Frente Amplio), se produjeron hechos análogos. La selectividad del reclamo desnuda un doble estándar político que socava la credibilidad.

Es una falacia pretender que solo el cambio de color político en la intendencia justifica la movilización; se trata más bien de un pataleo político maquillado de defensa gremial, donde la vara para medir la legitimidad de la protesta se ajusta según la conveniencia.

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Esta conducta sindical, más digna de patologías políticas que de genuina defensa de trabajadores, revela la precariedad ética y conceptual que a menudo habita en sindicatos devorados por la política de baja estofa.

Esta historia reciente de Salto no es sino la ilustración de la paradoja en que vivimos: donde el clamor por justicia y defensa termina siendo un teatro para la revuelta interesada, y donde reclamar por derechos termina siendo solo la excusa para patotear, destruir y señalar al adversario político.

Hasta la próxima semana.

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