Habría sido elaborada en el 2008 por ex jefe de prensa
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) ha difundido su enérgico rechazo a la existencia de una lista de periodistas discriminados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), durante el anterior período de gobierno.
Como se recordará durante el período de gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, el MGAP estuvo bajo responsabilidad de José Mujica, hoy presidente de la República y posteriormente del Ing. Agr. Ernesto Agazzi, pasando finalmente en los últimos meses de gobierno a ocupar la titularidad de la cartera, el hasta entonces Sub Secretario, Andrés Berterreche.
La declaración de APU “condena la existencia de un informe “reservado” en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que pretende orientar la relación de las autoridades de esa cartera con los periodistas y los medios “críticos”, y recomienda condicionar a esa valoración el otorgamiento de publicidad oficial.
Asimismo el sindicato reclama el inicio de una investigación a fin de conocer si las autoridades del MGAP llevaron a la práctica las recomendaciones de su ex asesor Juan Ángel Fernández, y si se aplicó una política de premios y castigos a medios y periodistas en función de estos inaceptables criterios.
Según publicó el semanario Búsqueda en su edición de este jueves, el ex jefe de Prensa del MGAP elaboró un informe reservado en julio de 2008 en el cual se plantean recomendaciones a los jerarcas de la cartera sobre el manejo cotidiano con la prensa, categoriza a los periodistas del área según su supuesta afinidad política o idoneidad profesional, realiza valoraciones de índole personal de los trabajadores de los medios y recomienda que se tengan en cuenta dichos criterios para el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación.
Este tipo de prácticas recuerdan las utilizadas por la dictadura militar contra los periodistas y los medios, y reiteran la política de varios jerarcas de distintos gobiernos democráticos de manejar según su conveniencia la información y los dineros públicos, mediante el otorgamiento de la publicidad sin criterios técnicos y transparentes.
Asimismo, esto implica un cercenamiento de los derechos de la ciudadanía al acceso a la información pública, y de la libertad de prensa de los trabajadores de la comunicación “discriminados” según los arbitrarios criterios de las autoridades de turno.
La APU promueve hace años –junto a otras organizaciones vinculadas a la comunicación– la aprobación de una ley que fije criterios técnicos, objetivos y transparentes para la adjudicación de la publicidad del Estado, así como un trato igualitario para medios y periodistas.
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
Asociación de la Prensa Uruguaya Montevideo, 22 de julio de 2010
