La AIA reafirma su apoyo al desarrollo forestal del país en el sentido de la diversificación de la producción tanto a nivel predial como nacional, por los cambios tecnológicos, de empleo y sus aportes a la economía. El parlamento votó en 1987 por unanimidad una ley que estableció tierras de prioridad forestal (PF) para recibir una serie de subsidios con el objetivo de promover plantaciones en tierras que fueran aptas para el crecimiento de árboles, pero que además no tuvieran “otro uso permanente y provechoso”. Actualmente se debate en el parlamento una reforma a ese marco legislativo con un proyecto que ya recibió media sanción por la Cámara de Representantes y establece limitaciones para la ubicación de nuevas plantaciones: la superficie total de bosques de rendimiento y generales no supere el 10% de la superficie nacional en explotación agropecuaria, que queden limitadas a los suelos declarados actualmente como de PF y que la superficie de bosques de servicio no supere el 8% de la extensión total del predio cuando se ubiquen en tierras sin PF actual.
La AIA comparte el criterio de la ley vigente, pero reconoce que desde 1987 se ha
progresado en el conocimiento de los suelos, se introdujeron nuevas tecnologías y sin políticas de subsidios y ventajas impositivas. La AIA también reconoce que se han forestado tierras que no merecerían la categoría de PF. Es tiempo de actualizar el marco legislativo y la AIA entiende que el debate actual abre una oportunidad para darle un nuevo impulso a la forestación concentrándola en tierras donde la aptitud forestal sea alta, donde se minimice la competencia con otros usos productivos y donde se promueva la integración de la forestación con otras actividades agropecuarias sin desplazarlas. En ese sentido, la AIA propone revisar la definición de PF considerando aspectos técnicos y los impactos ambientales y sociales tanto positivos como negativos de la forestación. Sin embargo, la AIA no considera conveniente algunas de las limitaciones propuestas.
La AIA recomienda revisar el uso de los Grupos CONEAT (GC) en la definición de la PF. La cartografía CONEAT no es adecuada para determinar una PF a los suelos, pero era la única que estaba disponible hace 33 años. Su uso condujo a errores que se describen en el documento de la AIA; hoy existen herramientas más adecuadas.
La AIA sugiere que se mantengan los actuales GC con PF, pero recomienda que, para considerar la posibilidad de forestar fuera de esas tierras, los proyectos forestales incluyan mapas de suelos detallados, interpretados con el sistema de clasificación por Capacidad de Uso del USDA adaptado a los suelos del país. En dicho esquema, los suelos de PF deben pertenecer a las clases VI y VII. La Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) del MGAP avanza en una cartografía de suelos a escala 1:40.000; cuando esté lista será la nueva herramienta oficial que supere las limitantes del CONEAT. Mientras tanto, la presentación de mapas de suelos detallados prediales constituirá un enorme avance. Dichos mapas deberán realizarse por agrónomos acreditados tal como se hace en la presentación de Planes de Uso en agricultura.
El proyecto en discusión limita la forestación sin tomar en cuenta que las plantaciones, además del destino celulósico, proveen madera para otros usos y brindan servicios que complementan otras actividades agropecuarias. Tampoco considera los aportes a la matriz energética nacional. El límite propuesto del10% aplica a todas las plantaciones sin distinción. La AIA también exige un fundamento técnico para la limitación del 8% a montes de servicio en tierras sin PF. Asimismo, considera necesario aclarar cuándo un bosque protector o de servicio se transforma en un bosque general o de rendimiento. El proyecto de ley establece el uso de tecnologías adecuadas para mantener la productividad del suelo cuando el uso forestal culmina. LA AIA coincide en la importancia de buenas prácticas silvícolas, pero sugiere que estos aspectos de manejo deberían ser objeto de decretos reglamentarios y no de una ley.
La AIA también recomienda considerar el papel que el rubro forestal ejerce en el
cumplimiento de Convenciones de la ONU (Cambio Climático y Degradación de Tierras) de las que el país es signatario. Finalmente, la AIA recalca la necesidad de armonizar las competencias de las diferentes áreas del Estado (MGAP y Ministerio del Ambiente) en materia forestal. En conclusión, a pesar de que la AIA tiene objeciones con el proyecto con media sanción, destaca que su debate otorga la oportunidad para discutir y realizar modificaciones como las señaladas que contribuirán a un desarrollo ordenado de la forestación en el país, con una visión de largo plazo.
