Una denuncia contra alguien por un caso equis estaba pegada frente a la sede de la Fiscalía por la calle Artigas. Allí una persona formulaba un problema mantenido con alguien y le exigía a los magistrados que adoptaran cartas en el asunto. La gente se paraba a mirar qué era lo que estaba pasando.
Pero ahora, se supone que los juicios son públicos. La finalidad, explicada hasta el cansancio por las autoridades judiciales del país, es lograr mayor transparencia en los procesos judiciales y para eso pretenden que la gente internalice la cultura de poder participar de la administración de justicia.
Aunque los que tienen un mayor recelo sobre estos asuntos, son los funcionarios, que al parecer guardan sigilosamente toda la documentación y cuánto menos pidan los abogados e incluso las partes, mejor, porque ellos resguardan todas esas actuaciones, vaya a saber uno para qué.
Con estas acciones, muchas veces incurren en el incumplimiento de los principios de publicidad del proceso de los que tanto se han hablado hasta el hartazgo. Lo que sí por el momento son privadas y no pueden ser públicas, son las denuncias, porque las mismas están sujetas a tener que ser probadas.
