¿Por qué no se investiga la entrega irregular de libretas de conducir de la gestión Lima?
La administración pública debe regirse por principios de transparencia, eficiencia y legalidad. Sin embargo, en Salto enfrentamos un panorama preocupante. La entrega irregular de libretas de conducir y la investigación administrativa iniciada en 2023 han evidenciado maniobras dilatorias y opacidad. A esto se suma la reciente conformación de una Comisión Pre-Investigadora que excluyó injustificadamente al Partido Colorado, generando dudas sobre la verdadera intención de esclarecer los hechos.
Desde septiembre de 2023, cuando se conoció la posible entrega irregular de licencias de conducir, la sociedad salteña espera respuestas. Este hecho involucra a jerarcas de la Intendencia, dirigentes cercanos al intendente y a su hermano. Las denuncias contra la Dirección de Movilidad Urbana motivaron indagatorias penales y una causa abierta en fiscalía.
Ante la magnitud del escándalo, la Intendencia anunció una investigación administrativa que, hasta hoy, sigue sin concluir. Las razones de la demora son cuestionables. En distintas ocasiones, los jerarcas del Ejecutivo Comunal ofrecieron explicaciones contradictorias: primero se dijo que la investigación quedó sin efecto porque los involucrados ya no ocupaban cargos en la Intendencia; luego, que estaba en pausa por la licencia de la abogada instructora. Entretanto, las solicitudes de informes de la oposición han sido ignoradas o respondidas de manera ambigua.
Más inquietante aún es la reciente declaración de la Vicepresidenta de la Junta Departamental, Elda Albarenque, quien reconoció conocer detalles de la investigación reservada. La revelación de información sensible por parte de una autoridad con lazos familiares con uno de los principales implicados enciende todas las alarmas sobre la imparcialidad con la que se ha manejado este proceso.
Una comisión a medida del oficialismo
Ante la falta de avances en la investigación administrativa, ediles del Partido Nacional solicitaron la conformación de una Comisión Pre-Investigadora. Sin embargo, su integración se ha visto empañada por una evidente falta de equidad. La designación de dos ediles del Frente Amplio y uno del Partido Nacional excluye al Partido Colorado, a pesar de que el Reglamento Interno de la Junta Departamental establece la participación de todas las fuerzas políticas representadas.
Esta omisión no es menor. La falta de representación del Partido Colorado deja la Comisión en manos del oficialismo y pone en duda su independencia. ¿Es esta una estrategia para frenar la investigación y garantizar impunidad?
Nos sorprende esta decisión política del Presidente de la Junta, quien prometió respetar a todos los partidos representados. Lamentablemente, cambian las personas, pero sigue gobernando el mismo estilo totalitarista que usa el mismo “modus operandi” cada vez que se investiga la gestión de los allegados a los Lima.
La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y a que la investigación avance sin trabas ni favoritismos. La conducción de la Junta debería ser ecuánime y no funcional a intereses políticos.
Un compromiso con la transparencia
No es la primera vez que el Frente Amplio deja fuera al Partido Colorado en una pre-investigadora, asegurando mayorías que impiden luego la investigación. La opacidad en este caso afecta gravemente la credibilidad de las autoridades departamentales y refuerza la sospecha de irregularidades en la gestión del gobierno de Lima.
Nuestra agrupación Éxodo, liderada por la Dra. Cecilia Eguiluz e integrante de la Coalición Republicana, manifiesta su preocupación por estos hechos que seguimos de cerca y consideramos graves. Aunque actualmente no contamos con curules, trabajaremos para tener representación en el próximo período legislativo de la Junta Departamental.
Instamos a la Junta Departamental de Salto a garantizar la participación de todos los partidos en la Comisión Pre-Investigadora. Exigimos que la Intendencia brinde garantías en la investigación administrativa y que sus hallazgos sean transparentes y accesibles a toda la ciudadanía. De ser necesario, deben ser remitidos a la Fiscalía que lleva adelante el caso. Salto merece transparencia y justicia.
