Informe de INDDHH
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo creó en setiembre de 2017 el Área de Descentralización, cuyo cometido específico es el de descentralizar sus competencias apelando a la presencialidad en las ciudades y poblaciones de todos los departamentos del país salvo Montevideo. Para ello, se desarrollan actividades y líneas de trabajo temáticas dirigidas a la promoción y a asegurar la debida protección de derechos, así como dar a conocer la INDDHH como herramienta de defensa de los derechos humanos. Durante el año 2021 el Área de Descentralización se planteó entre sus principales objetivos la generación de acciones de incidencia con foco específico en la promoción de derechos de la infancia y adolescencia en las medias rurales y pequeñas localidades.Se estableció como objetivo específico visibilizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a la educación, la salud y la justicia en el contexto rural y de pequeñas localidades, de forma de detectar vulneraciones, aportar y fortalecer buenas prácticas para el efectivo goce de tales derechos. En los mencionados derechos se consideró el acceso a la educación inicial, primaria y media. En la atención en salud se focalizó en el primer nivel de atención. En relación con la justicia se analizó la presencia territorial institucional, así como los asuntos que se llevan al ámbito judicial en las pequeñas localidades y áreas rurales. El trabajo se proyectó hacia dos grandes resultados, la incidencia en la promoción de derechos a través del fortalecimiento de vínculos con referentes relevantes, y la construcción de un mapeo de datos e informaciones específico de pequeñas localidades y medio rural. Al mismo tiempo, se contactaron autoridades departamentales y locales, equipos técnicos, personal docente, organizaciones sociales, entre otros interlocutores que aportaron información significativa de las poblaciones definidas. Se realizaron instancias de entrevistas con autoridades nacionales del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación (FGN), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). También se coordinaron acciones con el Consejo Directivo Central (CODICEN), a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), aunque no fue posible reunirse con sus autoridades. Asimismo, se dialogó con la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Defensores Públicos (ADPU), la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (SOMERUY) y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). A lo largo del proyecto se mantuvo un intercambio permanente con las autoridades. Esto ha facilitado la llegada a los territorios, así como la lectura de los datos reunidos, señala el informe. Dentro de las poblaciones rurales en las que se realizó el estudio, se cuenta Villa Constitución donde días pasados integrantes de la INDDHH presentaron el informe, con la participación de la integrante Dra. Mariana Mota con quien dialogó EL PUEBLO.
DIFICULTADES DE ACCESO A LOS TRES DERECHOS
EDUCACION
«A grandes rasgos digamos que hay dificultad de acceso a los tres derechos (salud, educación y justicia)» dijo en principio Mota a nuestro medio. «Si bien en la educación existen las escuelas rurales como una fortaleza que tiene Uruguay y esas escuelas son también un lugar de referencia para las poblaciones rurales, esa fortaleza luego empieza a debilitarse cuando el niño crece y tiene necesidad de pasar a la educación secundaria donde se encuentran con la necesidad de tener que emigrar a poblaciones más grandes que a veces es la capital departamental. Ahí comienza a visualizarse el problema del traslado como puede ser la caminaría, y en la frecuencia y existencia de transporte. Eso genera la deserción estudiantil en general. Luego también la incidencia de concepciones culturales sobre los roles muy marcados sobre mujeres y varones marcan los proyectos de vida , la falta de oportunidades dentro de las localidades para poder estudiar y volver a trabajar de lo estudiado en estas localidades les genera que no tienen futuro entonces terminan yéndose. El vinculo con el trabajo rural que muchas veces es parte del diario vivir de las familias, impide el acceso a la escuela o actividad educativa por temas de horarios, por eso debería adecuarse la educación para no tener que elegir entre una actividad o la otra.»
EN LA SALUD Y LA JUSTICIA
A nivel de salud, hay falta de especialistas y pediatras en muchos casos y principalmente la salud adolescente es una ausencia. «Vemos tema embarazo adolescente y temas que requieren mayor incidencia del Estado» afirmó Mota. «En el tema de la Justicia la retracción que ha venido ocurriendo desde hace varios años del sistema Judicial del cierre de juzgados rurales o seccionales, hace que se carezca de una autoridad judicial. Los defensores de oficio son escasos o están solamente radicados en la capital, de manera que cuando existe una problemática , la población joven no tiene acceso a conocer sus derechos o conocer de que manera puede resolverse una problemática incluso hasta poder prevenir una instancia judicial. La itinerancia no se está cumpliendo a nivel del sistema de la administración de justicia lo que también perjudica la llegada a las localidades», es otra de las pautas del informe según nuestra entrevistada.
«La voz de los adolescentes ratifica estas situaciones que plantean ellos mismos desde sus propias dificultades.»
RECOMENDACIONES
En relación a las recomendaciones que el informe hace a las autoridades «estas son genéricas pero no importa de qué manera se adecúan a las diferentes realidades de las regiones» dijo la integrante de la INDDHH. «Es necesario considerar no necesariamente departamento por departamento sino a veces departamentos vecinos que tienen situaciones similares y pueden darse soluciones que abarquen una región. Pensado desde las políticas públicas, considerar las propuestas que se ofrecen desde las propias localidades porque conocen mucho mejor las realidades y la forma de resolver los problemas con las herramientas que se tienen. No ha habido hasta ahora una mirada específica a la población joven del ámbito rural. Eso es una omisión pero para llevar adelante políticas públicas primero hay que conocer esa realidad, entonces desde ahí me parece que es un aporte desde la INDDHH para poder seguir trabajando.»
SALUD MENTAL Y SUICIDIO
Incursionando el informe completo, se encuentran conclusiones también en el aspecto de salud mental, donde se expresa que «La percepción de referentes locales respecto a la tasa de suicidio en adolescentes y personas jóvenes es que se ha agudizado, sobre todo en las pequeñas localidades y zonas rurales. La imposibilidad de desglosar la información por localidades es evaluada como una omisión que invisibiliza el problema y, por tanto, las respuestas del Estado son muy insuficientes. De este modo, se expresa: En relación con salud mental, el índice de suicidio es bastante importante. Faltan datos por localidades; entonces, como no se visualizan las situaciones no se toman medidas. Ocurre lo mismo con la desnutrición infantil. Se puede acceder al informe completo en el link
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/inddhh-presenta-informe-sobre-acceso-derechos-parte-infancias-adolescencias
