Desde luego que consideramos que siempre debe defenderse lo que se considera la verdad. Si se trata de ideas no basta con adherir a determinada posición, sino que – a nuestro criterio- es necesario defender con acciones, pacíficas, pero firmes, lo que consideramos la posición correcta, aportando argumentos que consideramos sólidos e irrebatibles.
Difícil resulta en estos tiempos admitir que quienes defienden ideas opuestas pueden tener parte de la verdad, pueden defender posiciones válidas que al menos tienen iguales posibilidades de ser correctas como las nuestras.
Cuando se escuchan posiciones extremas, ideas radicales, cuando se adoptan posiciones llevadas por las personas o el Partido que está detrás y no por el análisis, el razonamiento, puede cometerse el gravísimo error de cerrarse, de no escuchar y en definitiva, cultivar más rechazo a su alrededor que adhesiones.
En estos días hemos visto como se tensan las relaciones de ideas en el Uruguay, por dos temas concretos.
En primer lugar el tema de la designaciones del jefe de los guardaespaldas del Presidente de la República. Tenemos entendido que siempre ha sido designado por confianza y siempre ha respondido debidamente.
En los gobiernos de todos los signos se ha designado personas que cuentan con el respaldo de políticos influyentes. Así ha sido siempre y que sepamos es la primera vez que queda claro que se designó a quien no correspondía, en virtud de sus antecedentes, que de alguna manera fueron ocultados al momento de presentarlos al Presidente. Para nosotros ha sido un error, un gravísimo error, en el que hay muchos involucrados mas, que ya sea obrando directamente o mirando para otro lado al momento de controlar fueron cómplices de la situación.
Decimos que ha sido un gravísimo error, porque no creemos que el Presidente de la República conociera la situación.
No es un cargo más, sino quizás el más importante de la seguridad presidencial, porque comprende la seguridad familiar y la de todos aquellos mandatarios extranjeros que llegan al país.
El segundo tema es el del tan mentado juicio político a la intendenta de Montevideo. Mal que nos pese no es menor el hecho que se trata de la persona que contó y tenemos entendido que aún cuenta con la adhesión de la mayoría de los ciudadanos de Montevideo.
Iniciarle un juicio político – a esta altura no sabemos en qué situación se halla- pero nos parece al menos apresurado. No es a nuestro juicio una falta tan grave como para poner en marcha un mecanismo tan importante como el juicio político.
Los restantes intendentes que en su mayoría responden al gobierno nacional, lo saben porque siempre ha sido así y lo silencian.
Es lo que pensamos.
A.R.D.
