La Ley 18.381, aprobada el 17 de Octubre de 2008 por el parlamento Uruguayo determina el «Derecho de Acceso a la Información Pública», muy pocos son los periodistas y otros afectados, como quienes manejan la información pública, precisamente, que conocen la Ley y menos aún quienes la han utilizado.
Pero la Ley constituye una invalorable herramienta para quienes tenemos por misión informar debidamente a la opinión pública.
Las posibilidades de acceder a la información pública, han dejado de depender de la buena voluntad del responsable o de quien maneja esa información.
La Ley establece responsabilidades y alcance muy preciso para aquellos jerarcas públicos que no cumplan en tiempo y forma con lo establecido por la Ley.
La guía elaborada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), mediante la contribución del Banco Mundial en el Uruguay, señala que «el acceso a la información pública es considerado un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica».
Añade que «Este derecho encuentra sustento en el principio de publicidad de los actos de gobierno, el cual nutre el sistema democrático y el sistema republicano de gobierno. Asimismo, es una precondición para otro de los elementos fundamentales de un gobierno republicano: la responsabilidad que los funcionarios públicos tienen frente a la ciudadanía».
«La idea que se encuentra detrás de este derecho es que los gobiernos poseen información de la cual no son dueños únicos, sino que ellos actúan sólo como guardianes de un bien público. De esa manera, las leyes que regulan el derecho de acceso a la información pública ponen de manifiesto una premisa fundamental de todo sistema democrático: los gobiernos son servidores del pueblo, no sus amos».
«Es decir – agrega CAinfo – que la información que los gobiernos producen y poseen pertenece a los ciudadanos, y son ellos mismos los que deben utilizar esa información para controlar y evaluar las decisiones que los funcionarios adoptan. Si las personas cuentan con información, se encontrarán en mejores condiciones para juzgar y exigir razones acerca de las decisiones adoptadas, y el respeto por sus derechos, por parte del gobierno».
Quien no conozca la Ley, o no la respete, seguramente que tendrá complicaciones.
Ni más, ni menos.
