“Plan Local de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Salto y su Microrregión”

Hoy posiciones encontradas, a favor y en contra, perjuicios y beneficios

La ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, lo define como «el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”.

Revisión del “Plan Local de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Salto y su Microrregión”

La Intendencia de Salto convoca a la audiencia pública que se realizará el próxi-mo 19 de diciembre a la hora 17 en la Sala de Conferencias del Palacio Córdoba (Uruguay 202), con motivo de la Revisión del “Plan Local de Ordenamiento Terri-torial de la ciudad de Salto y su Microrregión”.
Anteriormente se realizó la Puesta de Manifiesto del Documento de Avance e In-forme Ambiental Estratégico del referido instrumento, por un plazo de 30 días a partir del pasado 14 de noviembre.
La audiencia pública es una instancia obligatoria para los planes locales de or-denamiento territorial y una oportunidad para intercambiar con la ciudadanía. En tal sentido, la audiencia es abierta a la participación de todos los interesados que así lo deseen.
Los documentos se pueden descargar de la página web: salto.gub.uy y se pueden realizar consultas a través del correo electrónico: [email protected]

“Hay voluntad expresa del gobierno departamental de promover desarrollos de inversión tan reclamado en el departamento que tiene el más alto índice de desocupación”

LCésar Sánchez, abogado de la Intendencia de Salto

El doctor César Sánchez, abogado asesor de la Intendencia de Salto, fue encomendado por el Intendente a trabajar desde una visión técnico jurídica sobre el proyecto de “revisión parcial del plan de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de la ciudad de Salto y su microrregión”. Con él dialogó EL PUEBLO, a pocos días de convocarse a una audiencia pública para discutir la propuesta de revisión del plan director.

• ¿De qué trata este proyecto de barrios privados y reordenamiento territorial que está proponiendo la Intendencia de Salto?
• Para encauzar el tema desde un punto de vista jurídico y político, en realidad lo que promueve la Intendencia es la revisión par-cial del plan de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de la ciudad de Salto y su microrregión, lo que sería una revisión parcial del plan director. La Intendencia a lo largo de estos ocho años ha recibido múlti-ples emprendimientos de iniciativa privada en los más diversos lugares de Salto que im-plicaban necesariamente una revisión del plan. Por supuesto que la gente se acuer-da mucho más del tema del Milagro, que fue el más notorio, pero hubo muchas más presentaciones en la Intendencia, algunas con reuniones, otras hasta por expedien-te, que solicitaban una revisión del suelo en diferentes lugares de la ciudad. Acá, en esta área, si bien es cierto que existe la pro-yección de inversores privados para desa-rrollar emprendimientos similares a lo que se denominan barrios residenciales, el área que en definitiva se está sometiendo a re-visión es muchísimo más amplia. Es decir, afectaría el entorno de las 400 hectáreas y unos 60 y algo de padrones.
• Lo que la Intendencia pretende con esta revisión parcial es habilitar mediante la modificación del uso del suelo, porque esa zona estaba reservada a un uso rural,
• habilitarla en este caso a un uso de tipo residencial. Ese es el meollo de la defi- nición. El uso rural en esa zona, que se ha difundido y que está en la página web, en los últimos 20 años no ha teni-do ningún desarrollo productivo de im-portancia, llamada zona de huertos. En ese sentido se pensó inicialmente, así lo dicen los antecedentes del plan director, como una zona de desarrollo hortícola, algo que no se ha visto reflejado en la realidad. La Intendencia consideró que ese aspecto era potencialmente revisa-ble en el entendido que esa zona reser- vada para el desarrollo hortifrutícola no se había plasmado de esa manera.
• En ese sentido, y ya desde hace por lo menos un par de años, la Intendencia en-carga una consultoría al arquitecto Die- go Capandeguy, que fue el ideólogo del plan director del que estamos haciendo referencia y que está vigente hoy. Él se toma su tiempo, emite un informe que se encuentra entre los documentos que se pueden consultar libremente, y después la Intendencia decide reforzar su propio equipo de ordenamiento territorial con-tratando a una consultora que tiene más experiencia en este tipo de revisiones. Esta consultora elabora un informe, no- sotros consideramos que ese informe es de total respaldo, considera que el área que en principio había definido la Inten-dencia debería ser un área más grande
• y en definitiva la delimita entre Apolón, Líber Seregni, el arroyo San Antonio y el río Uruguay.
• Hay que tener claro que esta modifica-ción habilitando el uso residencial com-prenderá bastante más adelante, un De-creto que establecerá los límites sobre qué es lo que se puede y no construir, y de qué forma se puede o no fraccionar. No es esta la oportunidad en que eso se va a analizar. Y habilitará no solo el even-tual desarrollo de barrios residenciales, en esa zona está el Barrio Dos Naciones, está el Barrio Norte, donde perfectamen-te también se podrán desarrollar ahí, que no lo podían hacer, emprendimientos cooperativos como los que se han desa-rrollado de magnitud hacia el Este de la ciudad. También se podrán construir ahí viviendas de tipo social, porque nada de eso estará impedido.
• Se entiende que es oportuno la revisión de este plan, en eso estamos, no hay mu-cho más misterio. Después se ha formado una discusión básicamente de un núcleo, alguno con connotación política, otro con connotaciones de la academia, que se han manifestado en contra de que se toque el plan director. Es decir, en tres presentaciones que se hicieron, y que ayer (jueves) venció el plazo, no hay ac-titud de colaborar en la revisión del plan director y en habilitar el uso residencial que se efectúa en construcciones, pero poniendo tales o cuales condiciones. Son oposiciones duras, mayoritariamente ideológicas y políticas.
• ¿Cómo sigue este trámite?
• Tenemos previsto que este martes a las 17 horas haya una audiencia pública en el Palacio Córdoba, donde se explicará todo lo que se ha puesto de manifiesto en la página web de la Intendencia, en qué consiste este plan de revisión por parte de los técnicos locales y de la consultora. Se analizará por parte de los técnicos del or-denamiento territorial las dudas, las con-sultas, los aportes que puedan efectuarse en la audiencia, y luego de eso se remite toda la información a ANTEL, UTE y OSE, por el impacto que pueda tener este tipo de modificaciones frente a la gente.
• Culminada esa etapa, se pasa a comuni-car todo este plan con sus antecedentes y lo que está proyectado a los organismos estatales. De hecho, luego de la puesta de manifiesto que se efectuó el 14 de noviem-bre, la Intendencia ya ofició a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y a la dependencia del Ministerio de Ambiente encargada de revisar estas cosas.
• Desde el punto de vista político, más allá de esto que es técnico jurídico, hay una volun-tad expresa del gobierno departamental de promover desarrollos de inversión tan reclamado en el departamento que tiene el más alto índice de desocupación.

Edil Rocca: “Con picos de 14% de desempleo, hay que ser cauteloso antes de hacer berrinche en la plaza”

Ediles de la Junta Departamental

Para conocer la opinión de la Junta Departamental en esta propuesta de revisión del plan director que plantea la Intendencia de Salto, EL PUEBLO consultó a los tres coordinadores de bancada, recibiendo únicamente las respuestas de los Ediles Carlos Rey del Partido Colorado y Juan Pablo Rocca del Frente Amplio. El Edil Facundo Marziotte del Partido Nacional dijo que prefería hacer previamente consultas a su bancada y hasta el momento de redactar este informe no se expidió la bancada del Partido Nacional sobre este tema.

NO A CUALQUIER COSTO

El Edil colorado Carlos Rey piensa que el gobierno departamental está actuando a las apuradas y se reserva la opinión hasta que vea argumentos sólidos que fundamenten la revisión del plan director.

“En principio diría que ya desde el hecho que se dejó sin efecto aquel proyecto El Milagro –comenzó diciendo Rey-, que era de La Gaviota para el sur, que la Intendencia había delimitado una zona donde rápidamente obtuvo muchas respuestas negativas de especialistas, ambientalistas, arquitectos, en fin, gente que está con el medio ambiente. Eso nos da la pauta que la Intendencia se apresura a elegir lugar y cambiar rápidamente, porque ahora apunta para el otro lado de la ciudad, hacia el norte”.

“Todo parece muy a las apuradas. Ya de por sí está teniendo muchas repercusiones negativas también por parte de profesionales entendidos en el tema, y muchos de ellos incluso son connotados referentes y dirigentes del Frente Amplio”.

“Tenemos que tener en cuenta que el plan director hecho en Salto en sus años, fue a todas luces, como dicen los especialistas, muy sabio delimitando zonas para chacras, zonas para espacios verdes, zonas donde se puede y donde no se puede construir, porque no todo tiene que ir apuntando al cemento, al hormigón y a las casas, con el pretexto de dar mano de obra. Por supuesto que se necesita mano de obra y trabajo, pero no a cualquier costo”.

“Por lo menos a título personal, hasta que no haya un sólido fundamento que distintos especialistas, como dije, en medio ambiente en lo que tiene que ver con una posible contaminación de arroyos de la zona, en ordenamiento territorial, en la parte de construcción, mantendremos reserva en nuestra opinión final”.

SOBRE BERRINCHE EN LA PLAZA

El Edil oficialista Juan Pablo Rocca aportó algunos elementos al debate sobre la propuesta de modificación del plan director, y terminó apuntando a la interna de su propia fuerza política por las críticas que recibió el Ejecutivo departamental. “En primer lugar, me parece pertinente hacer algunas aclaraciones, como por ejemplo que estamos hablando de lo que es el proyecto Huertos Norte, que es una propuesta que básicamente apela al desarrollo turístico, en lo que sería una nueva modalidad rural, o lo que dice el documento que es rur-urbana, que básicamente es intentar preservar lo que es la fauna y flora con vista al río Uruguay. Es decir, no es nada que no se conozca en Salto como los famosos barrios Jardines, que ya existen. Arenitas Blancas, por ejemplo, es un barrio jardín, se llama Jardín Sur, y es un barrio residencial que está desde la década del cincuenta, o sea que ya tenemos un antecedente”.

“En segundo lugar, como lo expresa el documento de revisión parcial de ordenamiento territorial, en el documento de la memoria e información, hay un punto que es el 5.1, donde se hace hincapié en que no se reconoce en lo departamental la figura de barrios cerrados o privados. Es decir, este mismo documento dice que los mismos, y cito textual, que ‘de forma próxima a la ciudad se entiende que pueden ser distorsionantes’. O sea, la propia documentación alerta sobre los barrios cerrados e incluso hace una aclaración de que ya habiendo normativas actuales que si se las trabaja de cierta forma pueden terminar siendo barrios cerrados. Es decir que el propio documento es crítico con la normativa actual porque da pie a la existencia de barrios cerrados”.

“Otro punto importante que trata la documentación es que se pone a trabajar lo que son los conceptos de polaridades. Es decir, polo casco central, polo cultural, polo patrimonio norte, polo logístico, polo turístico, polo aeropuerto, polo barrio Obrero, polo barrio sur, y lo que es ahora, polo Barrio Jardín Norte, que es lo que se está trabajando”.

“En síntesis, básicamente para mí me parece bastante exagerada la crítica y la movida que hubo porque pareciera que se hubiesen tocado las sagradas escrituras y en realidad la documentación es contundente. Se promueve todo dentro de nuestro programa de gobierno, no hay contradicciones ideológicas y se da pista a la generación de inversiones para el sector de la construcción en primera instancia y luego para el turismo. Con picos de 14% de desempleo, hay que ser cauteloso antes de hacer berrinche en la plaza, me parece que les faltó lectura”, concluyó.

En Salto, “más que dedicarnos a reordenar, tenemos que concentrarnos en cumplir lo que ya tenemos, que es bastante”

Dr. Gabriel Duarte, Abogado:

El Dr. Gabriel Duarte (Abogado), también ha sido uno de los profesionales que participó recientemente de mesas de discusión sobre reordenamiento territorial, barrios privados, etc., actividades organizadas por la Universidad de la República. Esto decía al conversar con EL PUEBLO:

“El reordenamiento territorial, es revisar algunas normas que se dictaron en ejercicio de esa función. Quiere decir, que voy a cambiar lo que está dispuesto. La cuestión no pasa por si se puede cambiar o no. El tema está en cómo se cambia, aquello que fue ampliamente estudiado y analizado. Y esto es lo importante. Porque en esta propuesta de revisión de la norma territorial, no se sigue el mismo camino que se tomó cuando la norma que ahora se pretende cambiar, se sancionó. En aquella oportunidad, existió un profundo análisis técnico, junto con participación de vecinos, donde se llegó a una directriz. Ahora, se pretenden cambios, pero lejos de seguir aquel proceso de estudio y discusión de la norma originaria, se quiere buscar un “atajo” y modificar el ordenamiento, sin el análisis riguroso que requiere, y sin la debida participación”.

EN SALTO ESTAMOS LLEVANDO LOS LÍMITES DE LA CIUDAD A ZONAS SIN SERVICIOS

Cuando se le consulta sobre la situación particular de Salto y qué habría que reordenar, responde: “Más que dedicarnos a reordenar, tenemos que concentrarnos en cumplir lo que ya tenemos, que es bastante. Y es una verdadera política de Estado. Porque es algo que viene desde hace mucho, y ha traspasado varios gobiernos. Pero en lugar de cumplir y respetar lo que ya tenemos, en forma permanente estamos buscando cómo cambiarlo, o cómo generar excepciones para no cumplir con lo estipulado. Entonces, hay que potenciar el desarrollo urbano, en las zonas ya consolidadas. Las zonas que ya tienen servicios. Estamos llevando los límites de la ciudad, a zonas sin servicios, que terminan siendo rezagadas, con gente que finalmente habita discriminada de los beneficios de la ciudad, y marginada. Tenemos que controlar y ejercer la policía territorial. Muchas veces presenciamos cómo se hacen denuncias por promesas de terrenos, por favores electorales. Entonces parecería que en lugar de controlarse por parte del Estado, se quiere favorecer el clientelismo con el territorio. Es necesario controlar. Y es un hecho que no se hace. ¿Cuantos barrios de “inundados” tenemos en Salto? Y eso es porque se los realoja, y vuelven a construir. Y así sucesivamente. Cada 10 años, hacemos un barrio, y a la década, hay que volver a hacer otro, porque ya volvieron a construir de forma irregular. La política pública en eso debe ser clara. Es necesario potenciar el desarrollo en los espacios, que teniendo servicios urbanos, están con menos densidad de población. En lugar de llevar la gente a donde no hay nada”.

LOS BARRIOS PRIVADOS NO ESTÁN PROHIBIDOS

“Los Barrios Privados no están prohibidos -prosigue duarte- y de hecho hay varias experiencias en Uruguay. Creo que la discusión que nos debemos, es si queremos que algo tan público como un Barrio, termine siendo de unos pocos. Creo que debemos analizar qué es lo más conveniente para nuestra sociedad y nuestra convivencia. Y en todo caso, si se va a construir un Barrio Privado, que sea en los espacios que se reservaron para desarrollo urbanístico, y no transformar suelo rural en urbano, solo para favorecer al dueño del barrio privado, que por ese hecho – de transformar el suelo- multiplica varias veces el valor de su propiedad, sin realizar por ello ningún aporte a la sociedad. Pero creo que la discusión va más allá de si Barrio Privado, si o no. ¿Por qué no discutimos sobre otras formas de organización urbana? Hay varias sociedades, que ya no hablan de Barrios Privados. Hablan de Barrios Sustentables, de Barrios Inteligentes. De Barrios Verdes. Porque organizan la convivencia territorial, a partir de otros valores. Que no son la propiedad. Sino la inclusión, el medio ambiente, la sustentabilidad. Creo que nos merecemos una discusión de ese estilo. Por ahí pasa la creación de ciudadanía y bienestar”.

Respecto al proyecto El Milagro, barrio privado del que mucho se habló en su momento, al Este de la ciudad, fue contundente el profesional: “hasta ahora, no hay novedades”. Y agregó: “La Universidad manifestó su preocupación, justamente por las cosas que venimos sosteniendo. Además, el gran problema ambiental que supone ese emprendimiento, en materia de modificación del suelo, de la canalización, de las aguas subterráneas. Muchos aspectos, ni siquiera se tuvieron en cuenta”.

EL PROYECTO DE APOLÓN AL NORTE

En tanto sobre la polémica más recientemente instalada sobre un posible reordenamiento y creación de barrio/s privado/s al norte de Avda. Apolón, reflexionó: “Bueno, la verdad preocupa. Porque hay muy poco tiempo para analizar el proyecto, y además discutirlo entre los interesados. Una de las cosas importantes de la ley de Ordenamiento Territorial, es la posibilidad que genera, de participar a la ciudadanía. Entonces, si existe ese Derecho, pues den la oportunidad de ejercerlo. Por otra parte, esa zona de Salto, es una zona verde. Y está reservada para una actividad, que difiere mucho de la propuesta de zona para residencia. Estamos, sin consultar debidamente a los vecinos y los interesados, reorientando una zona, que tiene destino a la producción, para que ese suelo pueda utilizarse con otra finalidad. Y me parece que es algo que hay que, por lo menos, debatirlo. Salto se caracteriza por tener un cordón hortifrutícola. Eso no es una casualidad o un invento arbitrario. Es una seña de identidad de nuestra matriz productiva. El territorio se organiza en base a ese criterio. Resulta que viene una persona, con todo el derecho claramente, con un proyecto, y nosotros vamos a cambiar la calificación del suelo, no en base a los criterios de ordenamiento, sino en base al interés de un particular, por más legítimo que pueda ser. Entonces, hay que ser cauto y serio en estas cosas. Hay que analizarlas en profundidad, porque el ordenamiento territorial, es algo que una vez iniciado un camino, la posibilidad de retorno es ínfima. Entonces, si no lo analizamos bien, algunos de los efectos de las malas decisiones pueden ser irreversibles”.

Respecto a barrios privados, entre especialistas “la opinión unánime es que son dañinos para la sociedad”, explica el Arq. Rogelio Texeira

Arquitecto, docente universitario, ex Director de Obras de la Intendencia de Salto, Rogelio Texeira accedió a conversar con EL PUEBLO sobre el tema de hoy, desde su rol de técnico en la materia. En los últimos tiempos, Texeira participó en la Universidad de distintas instancias de debate e intercambio sobre estas cuestiones.

-Con palabras sencillas, ¿de qué hablamos cuando decimos “reordenamiento territorial”?

La ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, lo define como «el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”. Entonces en Uruguay, cuando hablamos de ordenamiento territorial estamos hablando de eso. Se hace con diferentes instrumentos de planificación, participación y actuación, pero siempre en función de objetivos de interés nacional y general. Supongo que con reordenamiento, se referirán a modificar la planificación que existe, que se puede hacer, pero siempre debe ser en función del interés general.

-En Salto, en su opinión, ¿qué cosas principalmente habría que reordenar?

En Salto, hay mucha cosa para hacer, algunas de ellas tienen que ver con gestionar lo que se planificó y que figura en el llamado Plan de Salto, por ejemplo las llamadas áreas de desarrollo especial para algunas zonas de la ciudad, como la del entorno de la Universidad o la zona de la Costanera Sur, o plantear algunas oportunidades de consolidación de algunas zonas de la ciudad que están a medio consolidar, o terminar y aprobar el Plan de Aguas para la ciudad de Salto, que entre otros aspectos debería incorporar criterios asociados al manejo del riesgo para definir qué hacer con las zonas inundables y fijar un plan de trabajo que considere el cambio climático que plantea fenómenos más extremos.

-¿Qué opinión tiene sobre construir barrios privados?

Desde el Grupo de Estudios Territoriales hemos estado trabajando sobre el tema, hicimos una serie de mesas de discusión con diferentes especialistas de distintas disciplinas y lugares, y la opinión unánime es que son dañinos para la sociedad. Institucionalizan la idea de exclusión, consolidan la fragmentación por sobre la ciudad integrada, cosa que al final es perjudicial hasta para cuestiones como la seguridad porque no solo no promueven la convivencia entre diferentes sino que la impiden. Esas especies de burbujas son la antítesis de una sociedad de iguales porque producen, reproducen y potencian las diferencias entre los diferentes sectores y generan aún más segregación, un proceso que va en el sentido contrario a la construcción de una ciudad democrática.

-¿En qué está el tema de aquel barrio que se prometió hacia el Este de la ciudad? Recuerdo que desde la Universidad estaban preocupados, ¿por qué?

Ese fue el llamado Proyecto el Milagro, para lo cual la Intendencia inició el proceso de modificación del Plan de Salto, pero quedó en suspenso porque nunca apareció el famoso proyecto. En ese caso además, asustaba el tamaño, equivalente a un quinto de la superficie que ocupa hoy en día toda la ciudad de Salto y generaba todo tipo de impactos que no estaban estudiados, algunos sobre el medio físico y la ecología hasta sobre la infraestructura pasando por aspectos sociales vinculados a la segregación espacial. Todo hace suponer que era únicamente una propuesta de especulación inmobiliaria asociada al aumento del precio del suelo por cambio de categoría de rural a urbano El suelo rural se mide en dólares por hectárea, el urbano en dólares por metro cuadrado, se estima que el precio aumenta unas cien veces solo por el cambio de categoría.

-¿Qué opinión tiene sobre esto que se habla de Apolón al norte?

La Intendencia busca modificar la normativa para contemplar algunos pedidos de desarrollistas inmobiliarios, y entonces lo primero es ver si esos pedidos responden a una necesidad y al interés general o solamente a los de solicitantes. Llama la atención que tratándose de una actividad del Estado y por tanto pública y que por las características propias requiere de la mayor difusión y discusión pública, se ha manejado muy discretamente. Parecería que con la puesta de manifiesto, se buscó únicamente cumplir con la formalidad de los 30 días mínimo que cumple la ley. La participación, y más en temáticas de naturaleza compleja que requieren que se difunda en términos que sean comprensibles para todos y no solamente para quienes tienen acceso y entienden el lenguaje técnico. Los ciudadanos tienen derecho a opinar como entienden que debe ser su propia ciudad. Por lo que hemos podido profundizar en la documentación publicada por la Intendencia, la propuesta no mejora la ciudad, simplemente la expande y la encarece, vamos a tener más costos en infraestructura, servicios y funcionamiento. Hay que gastar más dinero para mantenerla funcionando, cuando está claro que en Salto ya tenemos algunos problemas en ese sentido que no pudimos solucionar A eso se suman algunas dimensiones que no están suficientemente claras como por ejemplo la dimensión ambiental, por ejemplo ¿cuáles son los efectos probables y esperados sobre la ya frágil cuenca del San Antonio?, ¿cómo afectará la calidad de aguas del arroyo? Más aún considerando que enseguida de la desembocadura está la toma desde donde OSE bombea el agua para potabilizar. Tampoco estas propuestas generan trabajo de calidad, durante las obras es lo mismo que cualquier otra obra y durante la etapa de uso solamente trabajos con sueldos muy chicos y alta informalidad como el trabajo doméstico o los servicios de jardinería.

“Cambiar el Ordenamiento Territorial a demanda comercial, puede violar el espíritu de la ley y el programa del Frente”, sostiene Ramón Fonticiella

Con esta frase del título inició Ramón Fonticiella el diálogo con EL PUEBLO sobre el tema propuesto, el del informe de este domingo. Luego reflexionó: “El ordenamiento territorial es en el Uruguay un “cometido del Estado” y tiene “como principal desafío mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales”, y en ese sentido explicó que “el concepto no es personal, es la palabra del Estado Uruguayo, concretada en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobada en 2008 y vigente. Es entonces la forma que Uruguay concibe el uso de su territorio como bien común de todos (enfatiza en esta palabra), los habitantes. Sus normas no pueden violar (enfatiza en esta negación) el objetivo de respetar el interés de todos, a favor de algunos. Nada dice la ley ni el espíritu legislativo, de que esos fines puedan cambiarse para favorecer a intereses particulares, que no sean de interés general. Sin ordenamiento territorial, el país sería un caos, donde los poderosos harían lo que quisieran en su favor, y los débiles quedarían librados a su escasa suerte. Que conste que la mejoría de la calidad de vida, el fomento de la integración social en el territorio y el buen uso de los recursos son de orden público, no pueden cambiarse a favor de particulares”.

Desconoce que haya colectivos en Salto que reclamen reordenar el territorio

“No tengo conocimiento -prosiguió Fonticiella- de que haya colectivos sociales o barriales, que reclamen reordenar el territorio tal como lo estableció hace escasos años el Plan de Ordenamiento Territorial de Salto y su microrregión (la que rodea la ciudad, porque hay varias en el departamento). Ese POT fue realizado con aportes técnicos y populares de las zonas, en un trabajo de mucho tiempo. Por ejemplo, no ha variado la necesidad de proteger las aguas del arroyo San Antonio (al norte de la ciudad), porque estas desembocan aguas arriba de la toma de agua de OSE en el Río Uruguay. Descuidar más ese curso, estableciendo barrios al Norte de calle Apolón, puede poner en mayor peligro al arroyo por la cercanía y declive. Lo que debe hacerse, seguro, es intervenir el vertedero municipal de residuos, para que no perjudique el agua que bebemos. Los ciudadanos organizados colectivamente (remarca especialmente este término) deben hacer propuestas. Los intereses económicos no pueden hacer variar el concepto legal de “mejor vida e integración” que sostiene la Ley”.

Barrios privados, ¿sí o no?

Ante esta consulta expresó: “Una cosa es la opinión general y otra la circunscripta a Salto y su microrregión. En general no comparto el concepto medioeval de que los señores estén en un castillo inexpugnable (barrios privados) y los siervos del otro lado de la muralla (en la periferia: Cerro, Dos Naciones, La Humedad, etc), marcando la discriminación de clase. En lo particular, como frenteamplista, respaldo el contenido del programa de gobierno: “El bienestar de las personas será el centro de la acción política, se fomentarán todas las formas de integración y heterogeneidad social, restringiendo las modalidades excluyentes como barrios privados y cerrados u otras formas de inversión especulativa en lugares de especial valor inmobiliario”. En este caso ni siquiera se trata de tierras de gran valor, sino que este se lo dará el cambio legal que el propio intendente propone. Choca con la Ley de Ordenamiento, con el Plan de Salto y con el programa del Frente Amplio. Hábilmente el gobernante departamental, los operadores privados y quienes comparten la teoría política de que debe favorecerse el desarrollo del capital, aunque se aumente la brecha de clases, han declarado que esas modificaciones permitirán construir casas importantes, que llevarán mano de obra y luego habrá puestos de trabajo para personal doméstico y de servicios. No niego esa realidad, pero hipotecar de por vida la sustentabilidad de una zona de la ciudad, para tener dudosa cantidad de empleos en la construcción, durante tiempo limitado y quizás luego faenas de baja calidad y salario, no parece ser una decisión inteligente, y menos de base frenteamplista. La misma inversión puede hacerse en otras áreas, pero en este caso se favorece a quienes han pedido la modificación, que quizás sean los dueños de los terrenos. Además recuerdo que hace un año, la Intendencia cambió la categoría de un suelo rural para construir emprendimientos que generarían más de mil empleos en zona de la represa. Por ahora no hay señales de empleos, a no ser las colocaciones de amigos en Salto Grande. La bondad popular no merece el riesgo de otra cachetada. ¿Quién garantiza los puestos de trabajo, cuántos, por cuánto tiempo…?”.

No pensar por esquemas

“Dicen que fue Vaz Ferreira -dijo el ex Intendente- quien nos enseñó que no hay que pensar por esquemas; que debemos articular con la realidad cambiante. Estoy de acuerdo, por eso no me opongo a que el capital privado desarrolle ideas, gane dinero, promueva empleos, aunque sean limitados; pero no estoy de acuerdo que se use al Estado para especular. El departamento de Salto es el segundo en extensión territorial. Tiene grandes posibilidades de desarrollar ese tipo de emprendimientos exclusivos, aunque yo no los comparta, pero no debe aprovecharse la cercanía con los gobiernos para favorecer la ubicación de las inversiones en tierras no aptas, que se vuelvan tales con medidas gubernamentales. Lo recuerdo: la ley es de interés general y de orden público, no puede transformarse en herramienta de protección de unos, aún en perjuicio de otros. La vida no es un soplo que se termina de golpe; lo que hoy es bueno para un puñado, puede ser un problema para muchos dentro de un tiempo. No se puede legislar al grito, a demanda de grupo de presión, sin proyección de futuro, cuando sean otros los que vivan y gobiernen. Debe legislarse cuidando el todo, por encima de las partes, y en todo caso favorecer siempre al más desvalido. El intendente ha recibido petición fundamentada de extender el plazo de la Puesta de Manifiesto de su propuesta, para dar tiempo al estudio de la profusa documentación y a la información al pueblo que él administra. Debe informarse técnicamente, pero con sencillez, debe decirse toda la verdad y contestarse todas las inquietudes. Pueden hacerse foros populares abiertos a todos: entendidos, interesados y pueblo en general. En una democracia los gobernantes somos empleados de la población, no patrones ni capataces. Sobre todo, si en el Frente Amplio hablamos”.

Barrios Privados: la institucionalización de la desigualdad

Sobre barrios privados, tema que surgió recientemente a raíz del proyecto de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, EL PUEBLO consultó a la Lic,en trabajo social Natalia Bisio. Bisio y al Arq. Osvaldo Sabaño, integrantes del Grupo de Estudios Territoriales (GET) de la UDELAR desde donde respondieron a nuestra consulta

Desde hace ya unas décadas a nivel nacional y más recientemente a nivel departamental, se identifica un fenómeno invisibilizado (“cuanto menos se sepa, mejor”) que representa la expresión del modelo de autosegregación territorial por excelencia, promoviendo un estilo de vida prototípico en un entorno homogeneizador y excluyente: los denominados barrios privados, countries, clubes de campo, o como se denomina en el ámbito local, barrios residenciales.

En este contexto, la propuesta de Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Salto y su Microrregión iniciada por la Intendencia de Salto, tiene según expresiones de las autoridades gubernamentales, como principal finalidad dar respuesta a iniciativas de particulares para la instalación de tres barrios privados en la zona norte de la ciudad. Más allá de la gravedad de los impactos ambientales que implica la modificación del uso del suelo, así como de la reiteración del motivo que hace unos años disparó el primer intento de revisión para la ejecución del proyecto El Milagro, el otro elemento que se presenta como un común denominador de las iniciativas de revisión de 2020 y 2023 es que se basan en el desarrollo de Urbanizaciones de Propiedad Horizontal, o como habitualmente se las llama UPH. Esta forma jurídica de tenencia y gestión del suelo se crea por ley en el año 2001 a modo de validar diversos emprendimientos que revestían cierta irregularidad jurídica, pero, a partir de ese momento se instalan como el modelo de desarrollo y fomento de los barrios privados (o todos los eufemismos existentes para calificar a las urbanizaciones cerradas).

Legitimando la desigualdad

Los Barrios Privados como forma de legitimar e institucionalizar la desigualdad y las brechas sociales, atentan contra uno de los principios rectores establecidos en la propia Ley: “La conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social, con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio, compatibilizando una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes.” En efecto, la forma de hacer ciudad que proponen tales urbanizaciones dan cuenta de un modelo de desarrollo que potencia los procesos de segregación social y residencial.

Tal como lo expresa la bibliografía de referencia (Smolka 2016, Rolnik 2016, Harvey 2013, Pérez 2023, García 2019, entre varios) y lo que hemos compartido en los Foros y Conversatorios con especialistas en el tema, las calles, las plazas, las costas de ríos y arroyos, son espacios públicos que pertenecen a la sociedad y la construcción de su hábitat. No los imaginamos como compartimentos cerrados y restringidos a selectos grupos sociales que voluntariamente se segregan en ámbitos de “semejantes”. La construcción de barrios privados, propone una forma de hacer ciudad que tiene un correlato físico que da lugar a un espacio que se interpone a la trama pública o al eventual desarrollo territorial abierto, conformando insularidades anidadas (guetos) que impiden no sólo la continuidad de calles, sino que inhiben el desarrollo de infraestructuras públicas y de transporte, restringen la libre circulación de las personas, pero sobre todo legitiman y promueven la consolidación de la desigualdad en todas sus dimensiones (social, económica, laboral, cultural).

Tal como sostiene García 2019, no parece existir urbanista o experto de renombre que promulgue a favor de los Barrios Privados; su existencia genera problemas para toda la sociedad: segregación espacial, apropiación privada de espacios públicos, elitización residencial, procesos de sociabilización burbuja, conflictos sociales, por mencionar algunas. Algunos de los argumentos que manejan a su favor hablan de efectos positivos como la generación de empleo mediante la contratación de personal doméstico y de seguridad, así como el alto nivel de consumo de sus residentes. Argumentos fácilmente desmontables cuando de desarrollo territorial o seguridad laboral hablamos. En efecto, no surgen de la experiencia beneficios para los territorios que ocupan, solamente para aquéllas familias que residen en ellos y los inversores, promotores o propietarios que se benefician con el negocio inmobiliario. En la promoción de estas urbanizaciones cerradas, la gestión estatal converge progresivamente con estrategias de los promotores a través de excepciones y beneficios fiscales, concedidas mayormente por gobiernos locales, con riesgos ambientales y renunciando a plusvalía urbana (Pérez 2023).

Salto, uno de los departamentos con mayores índices de desigualdad, no mejorará sus indicadores en términos sociales, económicos o culturales mediante la promoción de barrios privados.