El sistema democrático de gobierno descansa en el Poder Judicial. Un P.J. libre y totalmente independiente es la mejor garantía para cualquier sistema de gobierno y el Uruguay no es la excepción. El hecho de haber sido catalogada como la mejor democracia de América Latina, nos enorgullece, aunque no nos hace ignorar nuestros defectos.
Realmente nos deja sorprendidos la medida incluida en la Ley de Urgente Consideración (LUC), de cambiar la integración del consejo asesor integrado por representantes de diferentes organismos, cuya misión es fijar los lineamientos generales, esto es las prioridades que luego son trasmitidas exclusivamente a los fiscales para saber por donde “caminar”.
Este consejo está actualmente integrado por representantes de la Universidad de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Fiscal General de la Nación y la Asociación de Fiscales del Uruguay que reúne alrededor de 95 por ciento de los fiscales y posee por lo tanto una altísima representatividad del sector como es sabido dependientes en alguna medida del Ministerio de Educación y Cultura.
Ahora bien, entre gallos y medianoche, los diputados oficialistas han aprobado la reducción de este consejo, dejando afuera de su integración entre otros, a los representantes de la Asociación de Fiscales del Uruguay.
La medida ha sido tan sorpresiva e insólita que hasta en las propias filas del oficialismo se han oído voces discrepantes con esta medida. Lo que sobrevuela de ella es precisamente una injerencia del Poder Ejecutivo, esto es del gobierno nacional, en el sistema judicial, dado que obviamente serán los representantes del P.E. la mayoría del consejo y por lo tanto el riesgo que se corre es que determinen las prioridades en este sentido.
No nos gusta y lo decimos con todas las letras, debido a que los fiscales que no acaten estos lineamientos generales quedan expuesto a sanciones y relegamientos que nada tienen que ver con su función técnica, sino que tememos que sean represalias políticas.
Mucho nos tememos que esta medida haya sido exigida por los mismos voceros que tiempo atrás se ha dado el lujo de cuestionar y discrepar abiertamente con fallos de la Justicia.
Una injerencia de este tipo hecha por tierra la separación de poderes, base de nuestro sistema y lamentablemente ya lo conocemos. Sabemos que hay muchos intereses que pretender influir en los fallos de la justicia, “olvidando” o archivando algunos delitos y priorizando otros.
No nos sorprende este intento, pero entendemos que debe ser rechazado de plano, como cualquier otro intento de injerencia.
Es lo que pensamos.
l sistema democrático de gobierno descansa en el Poder Judicial. Un P.J. libre y totalmente independiente es la mejor garantía para cualquier sistema de gobierno y el Uruguay no es la excepción. El hecho de haber sido catalogada como la mejor democracia de América Latina, nos enorgullece, aunque no nos hace ignorar nuestros defectos.
Realmente nos deja sorprendidos la medida incluida en la Ley de Urgente Consideración (LUC), de cambiar la integración del consejo asesor integrado por representantes de diferentes organismos, cuya misión es fijar los lineamientos generales, esto es las prioridades que luego son trasmitidas exclusivamente a los fiscales para saber por donde “caminar”.
Este consejo está actualmente integrado por representantes de la Universidad de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Fiscal General de la Nación y la Asociación de Fiscales del Uruguay que reúne alrededor de 95 por ciento de los fiscales y posee por lo tanto una altísima representatividad del sector como es sabido dependientes en alguna medida del Ministerio de Educación y Cultura.
Ahora bien, entre gallos y medianoche, los diputados oficialistas han aprobado la reducción de este consejo, dejando afuera de su integración entre otros, a los representantes de la Asociación de Fiscales del Uruguay.
La medida ha sido tan sorpresiva e insólita que hasta en las propias filas del oficialismo se han oído voces discrepantes con esta medida. Lo que sobrevuela de ella es precisamente una injerencia del Poder Ejecutivo, esto es del gobierno nacional, en el sistema judicial, dado que obviamente serán los representantes del P.E. la mayoría del consejo y por lo tanto el riesgo que se corre es que determinen las prioridades en este sentido.
No nos gusta y lo decimos con todas las letras, debido a que los fiscales que no acaten estos lineamientos generales quedan expuesto a sanciones y relegamientos que nada tienen que ver con su función técnica, sino que tememos que sean represalias políticas.
Mucho nos tememos que esta medida haya sido exigida por los mismos voceros que tiempo atrás se ha dado el lujo de cuestionar y discrepar abiertamente con fallos de la Justicia.
Una injerencia de este tipo hecha por tierra la separación de poderes, base de nuestro sistema y lamentablemente ya lo conocemos. Sabemos que hay muchos intereses que pretender influir en los fallos de la justicia, “olvidando” o archivando algunos delitos y priorizando otros.
No nos sorprende este intento, pero entendemos que debe ser rechazado de plano, como cualquier otro intento de injerencia.
Es lo que pensamos.
A.R.D.
