Los dos primeros meses del año, encendieron las alarmas. Siete fallecidos no son una “mala racha” ni un desajuste estadístico: son una señal de fracaso colectivo.
Las cifras que aportó el representante de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Aníbal Pintos, son elocuentes. Si a nivel país los siniestros en moto rondan el 65%, en Salto trepan al 80%. No es un desvío menor: es una distorsión grave. Y el dato más inquietante es la edad de las víctimas: más de la mitad de los fallecidos tiene entre 15 y 34 años. La siniestralidad se está llevando a los más jóvenes, a quienes deberían estar iniciando proyectos de estudio, trabajo y familia. El costo social no es abstracto: es directo y duradero.
El parque vehicular agrava el panorama. Más de 140.000 vehículos circulando en una ciudad de 130.000 habitantes no es solo una curiosidad demográfica; es un problema de gestión y de cultura vial. La expansión de la moto como medio de transporte accesible y masivo exige controles firmes y reglas claras. No se trata de estigmatizar a los motociclistas, sino de asumir que sin casco, sin licencia, sin respeto por las normas y sin fiscalización efectiva, el riesgo deja de ser eventual para volverse estructural.
En este escenario, el debate sobre el Permiso por Puntos no puede seguir postergándose. La evidencia internacional muestra que cuando las sanciones impactan de manera progresiva sobre la habilitación para conducir, las conductas cambian. No es una cuestión recaudatoria ni punitiva; es un mecanismo de responsabilidad acumulativa. Quien reincide debe enfrentar consecuencias reales. La permisividad, en cambio, solo consolida la imprudencia.
Ahora bien, el control no resuelve por sí solo un problema que es también cultural. Incorporar la educación vial en Secundaria, con la posibilidad de que los estudiantes egresen con el examen teórico aprobado, apunta a un cambio más profundo. Significa asumir que conducir no es un derecho automático, sino una competencia que exige formación y compromiso. La prevención no puede comenzar el día que se tramita la libreta; debe empezar mucho antes.
Los operativos conjuntos con el Ministerio del Interior y Fiscalía, y el retiro de miles de motos en infracción, indican que existe decisión institucional. Pero la eficacia de esas medidas dependerá de su continuidad y de su respaldo social. Sin coherencia y constancia, cualquier campaña se diluye.
La seguridad vial no admite romanticismos ni discursos complacientes. Es un terreno donde la negligencia mata y la indiferencia también. No habrá soluciones mágicas ni resultados inmediatos. Habrá, en cambio, resistencia a los controles, quejas por las multas y cuestionamientos a las exigencias. Sin embargo, el objetivo no es agradar; es reducir muertes.
La combinación de educación obligatoria, fiscalización sostenida y sanciones efectivas no garantiza siniestros cero, pero es el único camino responsable. Todo lo demás es retórica.
