Ingresos en la Intendencia
La reciente promulgación de la Ley 20.451 genera un fuerte impacto en la estructura administrativa de los gobiernos departamentales de todo Uruguay, y Salto no es la excepción. Esta normativa, vigente desde su publicación en el Diario Oficial el pasado 23 de diciembre de 2025, busca poner orden en la forma en que los ciudadanos acceden a la función pública. Según el texto legal, el ingreso de personal debe realizarse prioritariamente mediante concurso público abierto y sorteo, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades.
A pesar de esta claridad jurídica, la Intendencia de Salto, encabezada por Carlos Albisu, se encuentra bajo la lupa de la oposición por supuestos ingresos directos. La normativa es taxativa al señalar que la capacidad técnica y los méritos deben ser la regla, no la excepción. El incumplimiento de estas pautas no solo afecta la ética administrativa, sino que podría derivar en graves responsabilidades legales para quienes autorizan dichos contratos.
El tope del 4% y el crecimiento de los cargos de confianza
Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es el establecimiento de un techo para las designaciones directas por idoneidad. La norma permite este mecanismo solo hasta un 4% de los cargos presupuestales totales del organismo. En el caso de Salto, con una plantilla que ronda los 1420 funcionarios permanentes según datos de ADEOMS, el margen para nombramientos «a dedo» es sumamente acotado.
Sin embargo, el panorama local muestra una tendencia diferente a la austeridad que sugiere la ley nacional. El secretario general, Walter Texeira Núñez, confirmó que el nuevo Presupuesto prevé 46 cargos de confianza. Este número, sumado a los contratos de arrendamiento de servicios y obras, parece estirar al máximo las posibilidades financieras de la comuna. La ley advierte que estos funcionarios deben cesar automáticamente al finalizar el período de gobierno.
La advertencia legal: ¿usurpación de funciones?
La Dra. Mónica Cabrera, exasesora jurídica de la Junta Departamental y dirigente departamental del Frente Amplio, fue enfática en las posibles consecuencias de ignorar este nuevo marco legal. Según el documento analizado, las contrataciones que no cuenten con el aval de la Junta Departamental (JD) corren el riesgo de ser declaradas nulas. Si se llegan a abonar sueldos por cargos no autorizados, los implicados podrían verse obligados a devolver el dinero al erario público.
Más grave aún es la posibilidad de que estas acciones configuren delitos penales como la usurpación de funciones o la apropiación indebida. La ley establece que ocupar un cargo sin la debida autorización legal es una falta que trasciende lo administrativo. El control de la Junta es vital, especialmente para contratos de extrema necesidad en el último año de gestión, que requieren mayorías especiales de dos tercios.
El reclamo del Frente Amplio y la realidad de los cesados
Desde la oposición, el Frente Amplio ha denunciado una ola de ingresos que contradice el espíritu de la reforma. Señalan que personas cesadas en septiembre de 2025 regresaron a la Intendencia bajo modalidades de contratación directa.
El gremio de municipales, a través de Juan Carlos Gómez, viene siguiendo de cerca estos movimientos. El equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la legalidad de los nuevos ingresos es precario. La ley es clara: para becarios, pasantes o arrendamientos de obra, también se exige concurso y sorteo. La discrecionalidad de los intendentes quedó limitada por un marco nacional que busca profesionalizar la gestión pública.
Sanciones y el costo de la condena social
Aunque la Ley 20.451 no detalla sanciones específicas en su articulado, el incumplimiento abre varias puertas de castigo. Además de la vía penal, existe la posibilidad de elevar denuncias ante la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), ONSC (Oficina Nacional del Servicio Civil), Congreso de Intendentes y el Parlamento Nacional. Estos organismos tienen la potestad de observar las conductas que se aparten de los principios de publicidad y transparencia.
No obstante, el análisis de la Dra. Cabrera sugiere que el mayor impacto podría ser político y mediático. En una comunidad como Salto, la condena social ante el uso de recursos públicos para fines partidarios suele ser el castigo más contundente. La ciudadanía exige que el acceso al trabajo en la Intendencia sea un derecho igualitario y no un beneficio para unos pocos elegidos.
Un futuro incierto en la Junta Departamental
Mientras tanto, el Presupuesto Quinquenal sigue en discusión y la tensión aumenta. La vigencia de la ley es plena y no requiere reglamentación posterior para ser aplicada, lo que deja poco margen para excusas administrativas.
Acceda al texto completo de la ley siguiendo este enlace(https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20451-2025)
