El Senado uruguayo interpeló al ministro del Interior, Carlos Negro, durante una sesión de casi nueve horas sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública, la política carcelaria, el combate al narcotráfico y los indicadores de criminalidad.
El Senado de la República fue escenario de uno de los debates más extensos y tensos del año en materia de seguridad pública. Durante casi nueve horas, el ministro del Interior, Carlos Negro, respondió a una interpelación impulsada por el senador colorado Juan Bordaberry, en una sesión que dejó en evidencia no solo las diferencias políticas, sino también los matices conceptuales sobre cómo enfrentar el delito en Uruguay.
La discusión no se limitó a un intercambio de cifras o diagnósticos coyunturales. Por el contrario, se transformó en una revisión histórica, un balance de gestiones anteriores y una exposición detallada del actual Plan Nacional de Seguridad Pública, junto con sus críticas y desafíos.
Bordaberry abrió el fuego con una revisión histórica de la seguridad
El senador interpelante estructuró su exposición en tres partes. La primera buscó establecer un punto de partida comparativo: Uruguay pasó, según los datos que presentó, de ser uno de los países más seguros de América Latina a ubicarse entre los peores de la región en materia de homicidios. Citó al propio director de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior, quien en una publicación académica reconoció que el fin de los quince años de gobierno frenteamplista coincidió con «una situación marcadamente desalentadora en materia de seguridad interna» y que la tasa de homicidios prácticamente se duplicó entre 2005 y 2019.
En la segunda parte, Bordaberry repasó lo que llamó los cinco errores centrales de la política de seguridad del Frente Amplio entre 2005 y 2020: la política carcelaria que liberó a mil presos con una reincidencia del 55% al año; la negación de la inseguridad mediante el concepto de «sensación» impulsado por distintos jerarcas del período; la subestimación del avance del narcotráfico; la atribución de la violencia a factores de pobreza y desigualdad; y el debilitamiento de las estructuras policiales, incluida la disolución de brigadas antidroga y el retiro de la policía de los estadios de fútbol.
La tercera parte, en cambio, reconoció los avances registrados entre 2020 y 2025 bajo la coalición de gobierno anterior: caída del 50% en las rapiñas, reducción de hurtos, aumento del esclarecimiento de homicidios al 67% y recuperación de comisarías y equipamiento. Para Bordaberry, la actual gestión del Frente Amplio estaría incurriendo en algunos de los mismos errores del ciclo 2005-2020, particularmente en lo que refiere a la política carcelaria y a la reforma del Código del Proceso Penal enviada al Parlamento.
El ministro Negro defendió el plan y presentó datos del primer año de gestión
El ministro Negro tomó la palabra tras la exposición de Bordaberry y rechazó el enfoque de la interpelación. Subrayó que la seguridad pública «no es un tema más» y que desde hace al menos veinte años constituye la principal preocupación de la ciudadanía, razón por la cual es también el terreno más fértil para «respuestas efectistas, demagógicas, propuestas simplistas o incluso aspiraciones autoritarias».
Negro presentó los datos del primer año de gestión comparando el período marzo 2024-febrero 2025 con el período marzo 2025-febrero 2026. Los resultados mostraron una caída del 6,7% en los homicidios, con una reducción especialmente pronunciada en Montevideo del 34%. Los femicidios cayeron un 42%. Las rapiñas bajaron un 8,2% y los hurtos un 8,8%. Las estafas y fraudes informáticos, que venían en ascenso sostenido, cayeron casi un 16%.
El dato más llamativo que el ministro anunció en la sesión fue el correspondiente al último trimestre, que aún no había sido publicado: los homicidios cayeron un 9,2%, los femicidios un 86% y los abigeatos un 28%. «Es una tendencia que podemos ya definir como histórica desde la salida de la pandemia hasta ahora», sostuvo Negro.
El ministro también anunció que durante 2025 se incautaron más de 9 toneladas de droga, la cifra más alta desde 2019, y que se realizaron más de 200 operaciones vinculadas al crimen organizado con la condena de 2.700 personas por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos. El decomiso de bienes y recursos económicos alcanzó los 250 millones de dólares en el primer año de gestión.
El Plan Nacional de Seguridad: diagnóstico, ejes y críticas
El eje principal del debate fue el Plan Nacional de Seguridad Pública. Elaborado con participación de múltiples organismos y actores sociales, el documento propone ocho líneas estratégicas que abarcan desde el combate al homicidio y la violencia de género hasta el fortalecimiento institucional.
El gobierno defendió el plan como una herramienta en ejecución, no como una simple declaración. En ese sentido, destacó inversiones importantes en tecnología, incluyendo sistemas de videovigilancia, drones, radares y herramientas forenses.
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos relevantes. Bordaberry criticó la falta de metas concretas, responsables identificables y costos detallados por área. También señaló un exceso de contenido diagnóstico frente a la proporción de medidas operativas.
Otros legisladores marcaron ausencias, como la falta de un abordaje específico para la seguridad rural, en un contexto de aumento de delitos como el abigeato.
El sistema penitenciario: anuncio del INR y el debate sobre la política carcelaria
El sistema penitenciario fue otro de los puntos más sensibles. El ministerio anunció avances en la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la ampliación de plazas carcelarias, incluyendo nuevas unidades para hombres y mujeres.
Pero el foco del conflicto estuvo en la reforma del Código del Proceso Penal. Desde la oposición se advirtió que algunas medidas podrían derivar en liberaciones masivas, mientras que el oficialismo defendió estos instrumentos como mecanismos dirigidos a delitos menores, orientados a evitar el ingreso innecesario al sistema carcelario.
El ministro fue categórico al rechazar la idea de liberaciones generalizadas y defendió la necesidad de diferenciar entre delincuentes primarios y criminalidad organizada.
Narcotráfico, crimen organizado y el debate sobre el Escudo de las Américas
El narcotráfico concentró buena parte del debate. Bordaberry preguntó por qué Uruguay no participó en la iniciativa denominada Escudo de las Américas, impulsada en una conferencia de jefes de defensa del hemisferio occidental celebrada en Washington en febrero, y afirmó que el representante uruguayo consultó al gobierno por WhatsApp y que la respuesta fue negativa.
El ministro Negro respondió que no existe constancia de una invitación formal en esos términos ni él ni el presidente de la República la recibieron. También aclaró que Uruguay no faltó a las reuniones de Ameripol, como afirmó el senador interpelante: en una de las reuniones participó el comisario Alfredo Clavijo y en la otra, Fabricio Fagundes. Además, anunció que el mismo día de la sesión Uruguay participó de la apertura de la segunda reunión de la coordinación regional de la División del Cono Sur de la DEA, con la participación de diez países de América Latina.
El ministro también confirmó que durante la reunión de ministros del Interior de América Latina (CLASI), intercambió información con su par boliviano sobre la ubicación del narcotraficante Sebastián Marcet, apenas veinte días antes de su captura. Sobre el funcionario policial que habría confirmado la coartada de Marcet años atrás, el ministerio reconoció su identidad, señaló que fue sometido a una investigación administrativa y penal que fue archivada durante el gobierno anterior, y que actualmente continúa en servicio.
Negro describió la evolución del crimen organizado en la región como un fenómeno «extremadamente variado», que incluye desde clanes familiares hasta redes transnacionales asociadas a economías ilícitas globales. Mencionó como ejemplo la tentativa de robo al banco BBVA a través de un túnel construido en Ciudad Vieja, atribuida al PCC brasileño, que la inteligencia policial pudo desbaratar. Defendió la estrategia de focalización en organizaciones criminales y en la ruta del dinero como más eficaz que la persecución indiscriminada del microtráfico, aunque aclaró que esta última también es necesaria.
Formación policial, recursos humanos y el debate por los 2.000 nuevos policías
Otro de los pilares defendidos por el ministerio fue la reforma en la formación policial. Se amplió la duración de los cursos, se crearon nuevas instituciones de capacitación y se incorporaron programas de formación continua y atención a la salud mental de los efectivos.
En cuanto a recursos humanos, el gobierno informó sobre el ingreso de nuevos policías y la planificación para alcanzar el objetivo de incrementar la plantilla. No obstante, la oposición cuestionó si se trata realmente de nuevos cargos o simplemente de cobertura de vacantes existentes.
El debate filosófico sobre seguridad: entre el pragmatismo y los derechos humanos
La sesión incluyó un extenso debate de fondo sobre los modelos de política criminal. Ojeda defendió que el endurecimiento de penas funciona en algunos delitos —el tránsito, el porte de armas— aunque reconoció que en homicidios pasionales la disuasión no opera. También planteó la inexorabilidad de la pena —la certeza de ser detenido— como factor más relevante que el monto de la sanción, e ironizó sobre un sistema donde el promedio de entrada al sistema es recién entre la novena y la decimosegunda rapiña cometida.
La senadora Lilian Kechichian y el senador del Frente Amplio Alejandro Brenta cuestionaron las referencias al modelo de El Salvador y al presidente Nayib Bukele como ejemplo a seguir. Citaron informes de organizaciones independientes que documentan más de 1.300 muertes en las cárceles salvadoreñas desde 2022, condiciones de hacinamiento extremo, torturas, restricción de visitas de familiares y abogados, y la detención de personas sin perfil pandillero y sin condena al momento de su muerte.
El senador del Partido Colorado Pablo Carvallo acusó a la oposición de haber convertido la interpelación en una herramienta de campaña electoral anticipada. «Lo único que faltó fue repartir volantes», dijo. El senador del Frente Amplio Enrique Antolini leyó declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti de 1994 sobre la necesidad de políticas sociales, educación y vivienda para combatir la inseguridad, para argumentar que el enfoque integral que el plan propone tiene respaldo histórico más allá de las fronteras ideológicas.
El senador del Partido Nacional Pablo Cami reclamó mayor presupuesto para la Fiscalía y el Poder Judicial como condición indispensable para que cualquier reforma del Código de Proceso Penal tenga impacto real. «Sin plata la Fiscalía no funciona», señaló, y advirtió que el sistema penal no es solo la policía: si los fiscales están desbordados, el cuello de botella se traslada al proceso.
El senador Germán Zubia planteó preguntas sobre el Plan Barrio Sin Violencia, el estado de la encuesta nacional de victimización, los mecanismos de evaluación externa del plan y la posible modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica Policial para devolver capacidad operativa a las comisarías. El senador Cami, por su parte, alertó sobre el cierre de subcomisarías y destacamentos en el interior del país que habían sido reabiertos durante el gobierno anterior, y reclamó al ministerio que confirmara si se estaban trasladando vacantes del interior hacia Montevideo.
Un debate que cerró sin acuerdos pero con señales de posibles convergencias
Tras casi nueve horas de sesión, el Senado entró en cuarto intermedio sin haber producido resolución formal ni acuerdo político concreto. Sin embargo, varios senadores de distintos partidos coincidieron en señalar que el debate mostró zonas de posible convergencia: el apoyo a la descentralización del INR, la necesidad de mayor presupuesto para el Poder Judicial y la Fiscalía, la ampliación de la Guardia Republicana en el interior del país, el fortalecimiento de las comisarías rurales y la lucha coordinada contra el crimen organizado transnacional.
El ministro Negro cerró su participación con una defensa del plan como instrumento vivo, sujeto a corrección y actualización, y reafirmó que la seguridad pública debe ser una política de Estado que trascienda los ciclos de gobierno. «No se apoya a la Policía solo con discursos o con arengas», dijo. «Apoyar a la Policía es escucharla, trabajar con ella, demostrar con hechos que se pueden realizar los cambios necesarios para que cumpla mejor sus misiones.»
La próxima instancia de evaluación del plan estará dada por las rendiciones de cuentas y por el avance de los proyectos de ley ya enviados al Parlamento: la reforma del Código del Proceso Penal, el proyecto de creación del INR como servicio descentralizado, y el proyecto sobre régimen de armas de fuego. En todos ellos, la negociación entre el oficialismo y los partidos de oposición definirá si el debate parlamentario logra transformarse en política pública efectiva.
Conclusiones de una jornada maratónica
La interpelación concluyó tras múltiples cruces, cuartos intermedios y chicanas políticas. Sin embargo, arrojó compromisos claros. El Ministerio del Interior logró blindar su gestión a corto plazo apoyándose en el descenso estadístico de la mayoría de los delitos en el último año, pero se lleva el mandato implícito de acelerar la ejecución de las más de 130 medidas operativas del Plan Nacional de Seguridad Pública.
La seguridad, coincidieron finalmente casi todos los actores, no admite ser tratada como un botín electoral; requiere políticas de Estado que sobrevivan a los ciclos de gobierno. La verdadera prueba del Plan presentado será, como siempre, el pulso de la calle y de nuestros barrios.
