La atención de la fragmentación social es una de las prioridades que asume el seregnismo para un próximo gobierno progresista
Esta fractura social que se ve de muchas formas, el lugar donde se nació y donde se vive o las condiciones con las que se lo hace, en las posibilidades de acceso a los servicios básicos como salud y educación de calidad o vivienda decorosa, está muchas veces marcada por la carencia y la pobreza. Quizá donde es más evidente es en la pobreza infantil, con uno de cada cinco niños o niñas en el Uruguay viviendo en hogares pobres.
La fragmentación no lo determina solo la vivienda decorosa, un derecho constitucional. Con el déficit habitacional que tiene Uruguay, no permite hablar de derechos humanos garantizados, porque nada más ni nada menos que el acceso a la vivienda adecuada continúa siendo un privilegio para algunos.
Quedan por fuera de ese derecho desde quienes viven en situación de calle hasta quienes lo hacen en viviendas que no son adecuadas, sea por la ubicación, por aspectos constructivos o por sus dimensiones.
Está claro que sin políticas públicas, por los costos que insume, muchos compatriotas no pueden acceder a una vivienda adecuada.
En Salto se discute si hay más o menos asentamientos que antes, parece una discusión trivial, lo sustancial y lo que hay que solucionar es que siguen existiendo asentamientos y siguen existiendo uruguayas y uruguayos viviendo en lugares inadecuados.
Todos podemos ver cómo el Caballero, con alrededor de 100 años, por estar en predios privados sigue en la misma situación, aunque existen herramientas legales que permiten actuar, por ejemplo prescribir la propiedad para proyectar mejoras.
Vemos como crece, poco importa si son nuevos asentamientos linderos o el mismo que se agranda, porque lo concreto es que se va expandiendo en la costa del Arroyo Ceibal y que ya llega a la Avenida Oribe.
Parece que no se hace nada para erradicarlo ni siquiera para prevenir su crecimiento.
Qué la culpa sea del Gobierno Nacional y del Ministerio de Vivienda o de la Intendencia, poco importa. Lo que está en juego es el interés general y en especial la posibilidad de acceso a algunos derechos garantizados por la propia Constitución de la República. Preocupan algunas prácticas al respecto.
Parecería que otorgando número de puerta a quienes están viviendo muchas veces sobre el lecho del arroyo, no se hace otra cosa que consolidar como permanente una situación de precariedad.
Que el Plan Avanzar, que anunció con bombos y platillos en mayo de 2022 (luego que en la rendición de cuentas del año anterior se le quitaran fondos para compra de tierras al Instituto Nacional de Colonización) que atendería los asentamientos de La Amarilla y Nueva Esperanza del Departamento de Salto dos años después sigue en foja cero.
Y de nuevo, que la culpa es de la Intendencia, que es del Gobierno Nacional, pero lo concreto es que los vecinos de esos asentamientos a los que se les había generado una ilusión, vuelven otra vez a la desesperanza.
A esta altura empezamos a sospechar que deben existir otros problemas más que incapacidad para gestionar las políticas de vivienda.
A esto se suman los tipos de respuesta que se han dado a los asentamientos. Lamentablemente, muchas veces, la regularización consistía en dotar de mejor infraestructura dura (calles, redes, etc.) y titulación de los predios, pero que desde el punto de vista de la integración social y urbana muchas veces quedaba muy limitada, incluso muchos de los asentamientos regularizados siguen teniendo a sus vecinos estigmatizados.
Parecería que seguimos haciendo barrios para pobres, como lo fueron los barrios Uruguay y Nuevo Uruguay gestados durante la dictadura, como lo son ahora las diferentes intervenciones de estos tiempos en el extremo este de nuestra ciudad; algunas las hacen los privados en el desarrollo de la especulación inmobiliaria, la mayor de las veces es el propio Estado.
Ahora, lejos, en otra zona de la ciudad, se pretende hacer barrios para ricos.
Debemos buscar la forma de integrar, y para integrar hay que construir vivienda, pero también hábitat, que incluya los usos y costumbres de la comunidad, para lo que es imprescindible construir ciudad con servicios de calidad.
El acceso al espacio público de calidad, que no puede ser el residual, lo que sobra, sino que debe ser el que integre los servicios públicos como la salud y la educación, las actividades como el deporte y al recreo, junto al encuentro e intercambio entre los vecinos, única herramienta para construir una sociedad de iguales se transforme en el derecho a la ciudad y al ejercicio de la ciudadanía para todas y todos nuestros vecinos de Salto.
Si pretendemos combatir la fragmentación social, debemos cambiar la forma de hacer, buscar métodos y paradigmas que ayuden a integrar y no a profundizar las fracturas y a darle continuidad en el tiempo.
Quienes procuramos, como decía Tabaré la construcción “de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena” nos comprometemos a trabajar en esa dirección, porque, en definitiva son los desafíos de que tenemos los progresistas.
