¿Hablar empieza a ser un riesgo?

Cuando la crítica política empieza a terminar en expedientes judiciales, algo esta cambiando, y no para bien. En las últimas semanas, el mundo de X, la red antes conocida como Twitter, viene atravesando días agitados. Citaciones de Fiscalía y policías en la casa a persona que han sido denunciadas por difamación e injurias por políticos, por el partido comunista y por funcionarios contra usuarios que son críticos del actual gobierno y tienen una línea de pensamiento diferente.

Y esto es muy peligroso y debería encender una alarma. Porque lo que comienza como un conflicto en una red social puede terminar expandiéndose a otros espacios y condicionando, poco a poco, toda la conversación pública. Y todo esto ocurre, además, con el silencio de muchos medios tradicionales de comunicación, que ven en las redes a un rival antes que a un aliado en la defensa de la palabra. Olvidan que la libertad de expresión no admite compartimentos ni se defiende por partes puesto a que, si hoy callan, mañana pueden ser ellos quienes enfrenten el peso del poder.

El peligro no es teórico ni lejano: existen antecedentes recientes que deberían funcionar como advertencia. Países como Venezuela, Cuba o Corea del Norte muestran hasta qué punto el control sobre la palabra puede convertirse en política de Estado, reduciendo progresivamente el espacio para la crítica y el disenso. Incluso en democracias socialistas, como Brasil y en Australia, se han restringido las redes sociales. Y, por supuesto, no puede pasar desapercibido que, recientemente, en foros internacionales como Davos se hayan escuchado planteos de líderes políticos —entre ellos Pedro Sánchez de España— insistiendo en la necesidad de regular las redes sociales.

El peligro a nuestra libertad es real y muy latente.

La libertad de expresión es uno de los pilares del sistema republicano. Se trata de un derecho del ciudadano protegido tanto a nivel nacional como internacional. En efecto, el artículo 29 de la Constitución establece con claridad que la comunicación de pensamientos es enteramente libre, sin necesidad de censura previa. Al mismo tiempo, el artículo 7 protege bienes fundamentales como el honor, recordándonos que la convivencia democrática exige equilibrio, no silencios forzados.

Ese mismo espíritu atraviesa el derecho internacional que Uruguay asumió como propio. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —el Pacto de San José de Costa Rica— protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio, y prohíbe la censura previa salvo excepciones extremadamente limitadas. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, reafirma la misma idea: la libertad de opinión y de expresión pertenece a todas las personas, no a quienes ocupan cargos.

Existe también una sólida construcción jurídica en esa dirección. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, sostuvo que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y deben tolerar un margen más amplio de crítica, precisamente porque el debate sobre asuntos públicos es esencial para la democracia. En la misma línea, la jurisprudencia uruguaya ha reconocido que la libertad de expresión merece una protección reforzada cuando se discute la actuación de quienes gobiernan, advirtiendo sobre el riesgo de utilizar el derecho penal como herramienta para desalentar la opinión ciudadana.

El Uruguay ha asumido estos compromisos con su gente, por eso, convertir expresiones libres en denuncias y delitos es un serio peligro para la libertad y la democracia.

Existen innumerables expresiones públicas —desde la política, el arte, la cultura o la música— que, bajo criterios excesivamente amplios, podrían ser interpretadas como ofensivas, discurso de odio o incluso delictivas. Sin embargo, la historia reciente demuestra que esas manifestaciones suelen convivir con normalidad dentro del debate democrático y rara vez generan consecuencias judiciales.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde está el límite? ¿Quién lo define y con qué criterio? ¿Se aplica de forma igual para todos o depende de quién habla y a quién se critica? Porque cuando las expresiones que incomodan al poder terminan judicializadas, mientras otras de igual o mayor dureza pasan inadvertidas por resultar funcionales a determinados intereses, la sospecha aparece de inmediato: ya no se trata de proteger el honor, sino de perseguir la crítica.

Y es precisamente, así como comienzan los procesos de deriva autoritaria: no con grandes rupturas, sino con la aplicación selectiva del poder sobre la palabra.

Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar.

Muchos políticos cuentan con fueros o protecciones institucionales que les permiten hablar con una libertad amplísima, incluso cuando sus afirmaciones resultan duras o polémicas. Esa inmunidad se justifica en nombre de la misma libertad de expresión que luego parece estrecharse cuando el cuestionamiento proviene de un ciudadano común.

La diferencia es evidente. Mientras el político habla desde una posición blindada; el ciudadano lo hace a la intemperie.

No se trata solamente de una desigualdad jurídica. Es una desigualdad de poder. Quien ejerce un cargo público dispone de micrófonos, equipos de comunicación, visibilidad permanente y respaldo institucional. Puede responder, explicar, debatir. El ciudadano, en cambio, enfrenta costos personales, económicos y emocionales si una opinión termina convertida en un proceso judicial. Aunque finalmente tenga razón, el desgaste ya habrá cumplido su función disciplinadora.

Precisamente, cuando la crítica puede terminar en tribunales en lugar de responderse con argumentos, el mensaje que recibe el ciudadano es simple y brutal: “cuidado con lo que decís”. He aquí la función disciplinadora.

Pero la libertad de expresión no nació para ser disciplinada o maniatada, sino que nació para limitar el poder. Esa es su función esencial. Y es por esta razón que el poder pretenden eliminarla o intervenirla, porque el poder político pretende, en todo momento, expandirse y ampliarse. Nunca limitarse o achicarse. Pero lo cierto es que, sin crítica no hay control ciudadano, y sin control ciudadano la democracia se vuelve una formalidad vacía.

Claro que existen límites. Mentir deliberadamente o atribuir delitos falsos no puede confundirse con opinión. Pero una cosa es proteger el honor personal frente a la mentira y otra muy distinta es convertir la susceptibilidad del poder en criterio para restringir la crítica. La propia jurisprudencia interamericana ha sido clara al respecto: quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor escrutinio y deben tolerar un nivel más amplio de cuestionamiento ciudadano.

Cuando quienes gobiernan pueden decir casi cualquier cosa bajo la protección de sus fueros, pero los ciudadanos sin fueros deben medir cada palabra por miedo a una denuncia, la igualdad democrática se resquebraja.

Atacar la libertad de expresión hace estragos. Mario Vargas Llosa escribió que los que se denominan progresistas son, en realidad, “los retrógrados y oscurantistas contemporáneos, los continuadores de esa sombría dinastía de carceleros del espíritu”.

No permitamos que encarcelen nuestro espíritu. No nos callemos. Porque si lo hacemos, nuestra democracia – ya muy debilitada – habrá llegado a su fin.